La Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la presidenta Dina Boluarte y varios de sus exministros, por presunta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
La acusación, formulada a través del Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, también incluye a Pedro Angulo Arana (expresidente del Consejo de Ministros), Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto Cervantes, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, quienes ocuparon cargos clave en el Ministerio de Defensa e Interior durante ese periodo.
Según el Ministerio Público, los funcionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de lesiones leves y graves, cometidos contra manifestantes como Ronald Rojas Ramos y Michael Chipana Vega, entre otros. La imputación se sustenta en el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con un saldo de al menos 75 víctimas mortales identificadas.
El comunicado oficial indica que estos hechos ocurrieron en regiones como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima Metropolitana, en un contexto de protesta social contra el gobierno de transición tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Las víctimas fueron civiles desarmados, en muchos casos alcanzados por disparos de arma de fuego, según informes previos de la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos.
Aunque se trata de un paso inédito en la rendición de cuentas de altos funcionarios en ejercicio, la denuncia constitucional no implica, por sí sola, consecuencias penales inmediatas. Su trámite dependerá del Congreso, que deberá evaluar su admisión, lo cual introduce un factor político determinante en su futuro.
Esta acción de la Fiscalía representa un punto de inflexión en la búsqueda de justicia para los afectados, pero también abre un debate mayor sobre el uso de la fuerza en contextos de protesta, la militarización del orden interno y la responsabilidad del poder civil frente a la represión estatal.