Un nuevo capítulo en la defensa ambiental de la región San Martín se abrió con la presentación de un recurso legal ante la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Materia Ambiental de Moyobamba, que busca frenar de manera inmediata las actividades que ponen en riesgo la Zona de Conservación y Recuperación de Ecosistemas (ZOCRE) de la Laguna de Ricuricocha y su área de amortiguamiento.
El documento, registrado el miércoles 13 de agosto de 2025 bajo el número 234-2025, fue presentado por Iván Rojas García, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Eco Guerreros, en representación de la organización inscrita en la SUNARP.
La solicitud se sustenta en la Constitución Política y el Código Penal, pidiendo una medida cautelar urgente que ordene la suspensión inmediata de actividades contaminantes, extractivas o de depredación en la zona de Ricuricocha.
Entre las acciones cuestionadas se encuentran la demarcación territorial, movimiento de tierras, construcción de caminos, extracción de recursos forestales y cualquier intervención promovida por la empresa Franquicia Ciudadpolis SAC, responsable del proyecto de habilitación urbana. También se pide detener la emisión de certificados de habilitación urbana y vial, así como la incautación de equipos utilizados en los presuntos ilícitos, conforme al artículo 314-C del Código Penal.
El denunciante sostiene que estas intervenciones generan un impacto directo sobre el suelo, la vegetación y la estabilidad del ecosistema de Ricuricocha.
El recurso también cuestiona la Ordenanza Municipal N.° 022-2025-MPSM, aprobada por la Municipalidad Provincial de San Martín, advirtiendo supuestas irregularidades en el procedimiento, como la falta de firma del acta de la sesión del 7 de julio de 2025 y la omisión de la dispensa formal de lectura y aprobación.
Según el escrito, la norma municipal estaría modificando la zonificación de áreas no urbanizables (ZRE-7 y ZA) hacia zonas urbanizables y residenciales (ZDB y RDB), lo que favorecería la materialización del proyecto inmobiliario Prana Lagoons, en contradicción con el Plan de Desarrollo Urbano, la Zonificación Ecológica y Económica y la Ley de Humedales N.° 32099.
“Lo que está en juego es el derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para la vida”, sostiene el escrito de Rojas García, quien advierte que la ordenanza abre las puertas a un daño ambiental irreparable en la laguna de Ricuricocha.
La decisión está ahora en manos de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, que deberá evaluar la medida cautelar y definir si corresponde detener de inmediato las acciones cuestionadas.
El argumento legal remarca la protección de la ZOCRE y su área de amortiguamiento como bienes jurídicos garantizados por la Constitución y las leyes ambientales vigentes. Asimismo, insiste en la necesidad de incautar los medios utilizados en las presuntas infracciones para evitar la continuidad del daño durante el proceso.
La tramitación del caso continúa a la espera de la resolución fiscal, que podría sentar un precedente importante en la defensa de humedales como Ricuricocha en la región San Martín.
Finalmente, el recurso subraya la importancia de un marco de gobernanza ambiental claro, con participación ciudadana en la protección de ecosistemas frágiles, y demanda respuestas rápidas y fundamentadas para garantizar un ambiente saludable para las presentes y futuras generaciones.