Un megaoperativo ejecutado por la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) y autorizado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huallaga – Saposoa, permitió desarticular a la organización criminal denominada “Los Piratas”, presuntamente dedicada al tráfico ilícito de drogas, sicariato, robo agravado, extorsión y corrupción de funcionarios.
El operativo se desarrolló de manera simultánea en los departamentos de San Martín (provincias de San Martín, Bellavista, Mariscal Cáceres, Huallaga, Moyobamba, Picota y Tocache), Amazonas (Bagua y Chachapoyas), Lima (Los Olivos) y Loreto (Iquitos y Yurimaguas). Asimismo, se realizaron intervenciones en once celdas de los penales de Tarapoto, Moyobamba, Iquitos y Bagua, donde se encuentran recluidos algunos de los presuntos integrantes de la red criminal.
La medida judicial ordenó la detención preliminar por 15 días contra 42 investigados, entre ellos 15 efectivos policiales y 27 civiles, quienes integrarían una red criminal con estructura jerárquica y funciones definidas. Del grupo de policías, tres aún no han sido ubicados, al igual que varios imputados civiles.
Liderazgo y estructura criminal
Según las investigaciones del Ministerio Público, el presunto líder sería Carlos Miguel Gamarra Pérez, alias “Calicho” o “Dominick”, Suboficial de Primera de la PNP, quien laboró en el Grupo Terna de Tarapoto y en otras subunidades policiales de la Región Policial San Martín, desempeñándose como agente de inteligencia.
Gamarra Pérez habría aprovechado su posición para reclutar a otros policías y delincuentes comunes, conformando una red delictiva con dos facciones operativas:
- Primera Facción: integrada por policías en actividad y retiro, dedicados al tráfico ilícito de drogas, robo agravado y extorsión.
- Segunda Facción: conformada por delincuentes comunes, encargados de ejecutar asesinatos, robos y cobros extorsivos.
Como lugarteniente y coordinador general, figuraba Silver Mozombite Isminio, alias “Chato Silver” o “Lata Vieja”, quien mantenía el vínculo entre los policías corruptos y los delincuentes dedicados al narcotráfico.
Hechos delictivos de alto impacto
A esta red se le atribuyen diversos delitos graves cometidos entre 2020 y 2025, entre ellos:
- Sicariato del empresario Jorge Ambrosio Rengifo (Tarapoto, 2020).
- Robo agravado y asesinato del cambista Hernán Guido Laynes Gonzales (Tarapoto, 2022).
- Robo agravado y lesiones graves a un trabajador del grifo Micaela (Banda de Shilcayo, 2023).
- Robo agravado a la agencia del Banco de la Nación de Uchiza (Tocache, 2025).
Asimismo, la fiscalía documentó robos y secuestros vinculados al tráfico de drogas, como el “arrebato” de cargamentos de pasta básica de cocaína (PBC) durante operativos simulados entre 2020 y 2023, en zonas de Campanilla, Huallaga, Barranquita y Tocache.
Los participantes recibían entre S/ 6,000 y S/ 16,000 soles por operativo, mientras los líderes controlaban la venta final y el reparto de ganancias.
Armas, corrupción y encubrimiento
Las investigaciones revelan que la organización alquilaba y comercializaba armamento policial, incluyendo fusiles AKM, FAL y AR-15, utilizados en sus operativos ilegales. Parte de las ganancias se destinaba a sobornos y manipulación de evidencias.
En uno de los casos (febrero de 2023), los integrantes reunieron S/ 22,000 soles para pagar a un abogado y a dos peritos —uno del Ministerio Público y otro de la PNP— con el fin de alterar informes periciales. También participaba el médico José Carlos Nole Medina, alias “Doctor Nole”, quien emitía certificados médicos falsos para encubrir ausencias de policías involucrados.
Detenidos e infiltración policial
Entre los detenidos figuran 12 efectivos policiales: Robert Rengifo, Alex Ramírez, Carlos Príncipe, Jarby Bautista, Arnold Inga, Antony García, Genix Pizango, Stanlees Coronel, Roly Coral, Yahir Barreto, Segundo Vásquez y Will Ushiñahua; así como siete civiles: Jarry Ramos, Tylza Vallejos, Jennifer Pérez, Gilmer Panduro, Julián Sánchez, Lenin Cachay y William Ruiz.
El caso evidencia una profunda infiltración del crimen organizado en la Policía Nacional, con agentes de unidades como DEPINCRI, DEPOTAD, Escuadrón Verde y Grupo Terna colaborando con delincuentes para simular operativos oficiales o encubrir actividades ilícitas.
Acción judicial e impacto institucional
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Huallaga – Saposoa declaró fundado el requerimiento fiscal y dispuso la detención preliminar de los 42 presuntos integrantes de “Los Piratas”. Las diligencias incluyeron allanamientos, incautaciones y capturas en simultáneo en las regiones intervenidas.
Los delitos imputados son organización criminal, tráfico ilícito de drogas, homicidio, sicariato, robo agravado, extorsión, corrupción de funcionarios y peligro común por uso indebido de armas.
El caso ha generado conmoción pública y preocupación institucional por el nivel de corrupción descubierto. La Fiscalía Anticorrupción y la Inspectoría General de la PNP iniciaron investigaciones paralelas para determinar responsabilidades administrativas y disciplinarias.
El Ministerio del Interior anunció que impulsará la expulsión definitiva de los efectivos implicados y reforzará los mecanismos de control interno para prevenir nuevas infiltraciones del crimen organizado.
La desarticulación de “Los Piratas” revela una red criminal con estructura jerárquica y poder económico, que utilizó el uniforme policial como escudo para el delito, afectando gravemente la confianza ciudadana.
En los próximos 15 días, la fiscalía deberá sustentar las pruebas que permitirán determinar si el caso pasa a la etapa judicial y se definen las responsabilidades penales de los implicados.
Por Hugo Anteparra
