“Nuestro compromiso es claro: limpiar la casa desde adentro y contribuir a fortalecer la imagen y credibilidad del Ministerio Público en la lucha frontal contra la corrupción”, afirmó el coordinador nacional.
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF), Mirko Dino Cano Gamero, realizó visitas de inspección a los despachos fiscales de esta especialidad en el Distrito Fiscal de San Martín, con el objetivo de verificar el estado de la carga procesal y tomar conocimiento directo de las principales incidencias que enfrentan los fiscales Anticorrupción en el ejercicio de sus funciones.
Durante su recorrido por las sedes de Moyobamba, Tarapoto y Juanjuí, Cano
Gamero sostuvo reuniones con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal, Juan Domingo León Estrella, así como con el fiscal superior coordinador de delitos de corrupción de funcionarios, Segundo Máximo Larios Perleche, y con los fiscales provinciales y adjuntos de los despachos especializados en lucha contra la corrupción.
En estos encuentros, las autoridades fiscales expusieron la crítica situación que enfrentan: la sobrecarga procesal derivada de investigaciones complejas y casos de alto impacto mediático, la insuficiencia presupuestal que limita la contratación de peritos especializados y la escasez de personal fiscal con el perfil idóneo para asumir las funciones que exige esta especialidad.
Frente a este panorama, el fiscal Mirko Cano anunció que informará a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, sobre los hallazgos detectados y las deficiencias advertidas. Asimismo, enfatizó la necesidad urgente de agilizar los procesos de contratación de personal y atender con prontitud las incidencias reportadas, especialmente aquellas que involucran a fiscales señalados en hechos cuestionables.
“Debemos limpiar la casa desde adentro y fortalecer la imagen del Ministerio Público”, subrayó el coordinador nacional, dejando en claro que la lucha contra la corrupción comienza por asegurar la transparencia y eficiencia en el propio sistema de justicia.