Las mujeres líderes de ocho pueblos originarios decidieron no esperar más a la voluntad política de los gobiernos de turno y tejieron una agenda común que no solo recoge demandas, sino, propuestas a futuro de su propio desarrollo y participación.

Organizadas en grupos de trabajo, las lideresas abordaron los ejes que atraviesan su vida cotidiana: defensa del territorio, participación política, autonomía económica, educación y salud intercultural, prevención de la violencia, así como los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Cada punto discutido tiene rostro, historia y urgencia.

Los días 28 y 29 de marzo, el IV Encuentro de Mujeres Indígenas, convocado por la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI SL), reunió a representantes de los pueblos Awajún, Wampis, Shawi, Shiwilu, Kichwa, Chapra, Kandozi y Kukama Kukamiria, provenientes también de la provincia de Alto Amazonas. No fue una cita simbólica: fue un espacio de análisis profundo, de validación colectiva y, sobre todo, de afirmación política.

Cabe precisar, que Datem del Marañón, es una de las provincias más extensas y diversas de la Amazonía peruana; alberga a más de 60 mil habitantes, de los cuales una mayoría significativa pertenece a pueblos indígenas. Sin embargo, esta diversidad convive con profundas brechas estructurales: altos índices de anemia infantil, limitado acceso a servicios de salud, escuelas con infraestructura precaria y una débil presencia estatal en territorios atravesados por ríos y largos días de navegación.

En este contexto, las demandas de las lideresas no son nuevas, pero sí cada vez más firmes. Exigen una educación intercultural bilingüe con pertinencia territorial, atención de salud que respete sus saberes ancestrales, políticas efectivas para prevenir la violencia contra la mujer indígena y, sobre todo, garantías reales para la protección de sus territorios frente a actividades extractivas y amenazas externas.

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la elaboración y validación de una declaratoria conjunta que más adelante entregaron en las manos de las autoridades presentes en el evento. Este documento no solo recoge preocupaciones, sino que establece propuestas concretas dirigidas a los distintos niveles del Estado. La voz de las mujeres indígenas, históricamente relegada, se presenta ahora como una plataforma organizada de incidencia.

La declaratoria fue expuesta ante representantes de instituciones públicas, entre ellos el director de la UGEL Datem del Marañón, Rafael Silva Gonzales; el director de la Agencia Agraria, Frank Cuñachi del Águila; y el representante del Centro de Emergencia Mujer (CEM), Carlos Miguel Callacna Prieto. La presencia de estas autoridades puso a prueba algo más que la escucha: evidenció la necesidad de respuestas concretas frente a demandas que ya no admiten postergación.

Lo que ocurrió en San Lorenzo no es un hecho aislado. Es parte de un proceso mayor: el fortalecimiento de la articulación de las mujeres indígenas y su rol dentro de sus organizaciones y en la defensa de sus derechos. En una Amazonía donde las decisiones suelen tomarse lejos del territorio, ellas están demostrando que la política también se construye desde la comunidad, desde la palabra compartida y desde la resistencia. Por Segundo Chuquipiondo