Afirma Econ. Roger Grandez
El 21 de mayo de 2025, el pleno del Congreso de la República aprobó 24
proyectos consensuados por la Comisión de Economía, relacionados a
fortalecer el FONCOMUN, en favor de los gobiernos locales.
En su reciente publicación de Prospectiva Amazónica, el economista Roger Grandez Ríos, director del Instituto de Desarrollo Socioeconómico, comenta que la normativa implica dos cualidades esenciales.
a) Primero: el impuesto de promoción municipal (IPM) va a pasar de 2% vigente desde 1994 a 4% hasta el 2029, facilitándose de manera progresiva de 0.5% anual, empezando desde enero 2026 hasta alcanzar la cuota máxima en enero 2029; a este proceso se le llama, fortalecer el FONCOMUN para los gobiernos locales, para atender con mayores recursos disponibles las múltiples demandas de sus vecinos;
b) Segundo:el IGV de 16% establecida desde marzo 2011, cuyo valor recaudado se queda en las arcas de Estado para cumplir su función de atender las necesidades de la población peruana, va a reducirse al 14% en 2029 de manera gradual: en el 2026 bajará a 15.5%, fortaleciendo la descentralización, y estableciéndose criterios de distribución a fin de hacer un proceso robusto en materia presupuestal. Sin embargo, las condiciones establecidas en el proyecto de ley sustitutorio consensuado y aprobado, obliga a los gobiernos locales, a actuar estratégicamente sobre la base de políticas de planificación territorial, exigiéndoles cumplir dos de tres de los siguientes documentos de gestión: a) Plan de Desarrollo Local Concertado; b) Plan Estratégico Institucional; c) Plan Operativo Institucional; y todos ellos estarán alineados y articulados con el plan estratégico de desarrollo nacional, Perú al 2050.
El economista Grandez, sostiene que, estas asignaciones presupuestales del FONCOMUN fortalecido, se orientarán única y exclusivamente para cerrar brechas dentro del territorio; “pero este es un tema sensible para las instituciones, a razón que no está nada claro que brechas van cerrar”, afirma.
Agrega que, la debilidad de las instituciones públicas, la baja calidad de los expedientes técnicos, la alta rotación de personal en puestos claves, el desconocimiento real del territorio (la totalidad de las municipalidades no cuentan con planes de desarrollo local concertados aprobados por el ente rector-CEPLAN), y la alta corrupción institucional, son los detonantes de instituciones locales escasamente sensibles a cambiar el rostro del ciudadano, sobre todo de aquellos localizados en suelo rural.
Pereza fiscal
Los mayores recursos en las arcas públicas de los gobiernos locales a partir de 2026, puede elevar el riesgo de caer aún más en la pereza fiscal. A pesar de la existencia, desde el 2010, del Plan de Incentivos Municipales (PI) cuyo objetivo es darles autonomía financiera y funcional a las entidades responsables del desarrollo territorial local, y en los tiempos de vigencia, estos objetivos no cumplieron su cometido, y mantienen su alta dependencia financiera del tesoro público. Por: Roger Torres