A los desastres de la naturaleza en el Perú, que confirman -contra la opinión de Donald Trump- que el cambio climático es una realidad que afecta y va a seguir afectando a millones de seres humanos en el planeta, se ha sumado a nuestro país el desastre político que han significado las últimas y desastrosas iniciativas tomadas por la bancada fujimorista en el Congreso de la República. Los seguidores de la hija del ex dictador se han empeñado en bloquear y sabotear importantes Decretos Legislativos que fueron emitidos por el Ejecutivo al amparo de las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas.
Además de eso, muy en sintonía con su carácter autoritario y vengativo, el fujimorismo en el Congreso ha presentado un proyecto de Ley que atenta directamente contra la Libertad de Expresión y se encuentra en abierta contradicción con los principios fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú. Además, a esta arremetida brutal contra la Democracia se ha sumado la cínica y descarada venganza contra el portavoz de Peruanos Por el Kambio, Carlos Bruce, la que al mismo tiempo persigue debilitar a la bancada oficialista en el Congreso, privándola de uno de sus más importantes voceros.
No debería de llamar la atención este comportamiento procaz y destructivo, si tenemos en cuenta que hace dos días, al cumplirse 25 años del aberrante autogolpe de Estado perpetrado por Fujimori y Montesinos el 5 de abril de 1992, los principales miembros de esta organización político-mafiosa, tanto en el Parlamento, como fuera de él, empezando por el propio Fujimori, seguido por la defensora de los criminales de La Cantuta Y Barrios Altos, Martha Chávez, asesora privilegiada de la congresista Rosa María Bartra, y varios prominentes fujimoristas que ocupan una curul, como la misma presidenta del Congreso, Luz Salgado, han expresado su complacencia por este acto criminal y han defendido con garras y colmillos el autogolpe.
Lo más grave de todo esto -y al mismo tiempo, lo más saludable- radica en que el fujimontesinismo se ha quitado la careta de “progresista” y “liberal” con la que la hija del dictador pretendió engañar a los peruanos en la pasada campaña electoral, cuando en un discurso en la Universidad de Harvard, declaraba su apoyo irrestricto a la libertad de expresión y a la defensa de las minorías desprotegidas.
Todo esto se les ha venido abajo como un castillo de naipes malamente construido, cuando han presentado el aberrante proyecto de Ley que tiene como intención clara amordazar a la prensa libre. Este proyecto, iniciativa de las marionetas congresales Letona y Aramayo, pretende lo imposible en un país democrático: el control de los medios de comunicación vía una Ley que establece sanciones írritas contra directores y accionistas de medios de comunicación con sólo una denuncia por un supuesto acto de corrupción hecha por cualquier hijo de vecino y que privaría a estas personas de su derecho a ejercer la libre expresión de sus ideas.
Aunque, debido a las protestas, tanto nacionales como internacionales, se han visto obligadas a retirar algunos puntos que vulneraban claramente la presunción de inocencia y el derecho al trabajo, han mantenido el proyecto de marras conservando en su esencia la contradicción fundamental con la Carta Magna. Es claro que si en el pleno del Congreso la salvaje mayoría lo aprueba, este mamotreto no pasará las instancias jurídicas y quedará como un ejemplo más de la entraña totalitaria y dictatorial del narcofujimorismo.
Prosiguiendo con sus labor destructora, políticamente más devastadora que los huaycos que asolan al pueblo peruano, las comisiones correspondientes, con mayoría fujimorista, han rechazado el decreto Legislativo 1323, que establece sanciones severas contra aquellos que discriminen a las minorías, especialmente a los integrantes del colectivo LGTBI, dejando desprotegida a una minoría históricamente maltratada y que, si se aprueba la enmienda del partido del salvajismo y la prepotencia, serán nuevamente víctimas de los peores maltratos, tanto físicos como psicológicos.
Por si esto no fuera poco, han rechazado el Decreto Legislativo del Gobierno que establecía severas penas contra los policías corruptos y que constituía un elemento esencial en la lucha contra la inseguridad ciudadana, demostrando que todo aquello que prometieron al respecto no pasaba de palabras dirigidas a engañar a los incautos, pues sin esta medida la corrupción policial continuará y por lo tanto la inseguridad en las calles. Y, como cereza de la torta, han suspendido por 4 meses al congresista Carlos Bruce, por el sólo hecho de haber solicitado protección adicional para el Presidente de la República en un acto privado, y han recomendado que sea desaforado del Parlamento por la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales. El narcofujimontesinismo en todo su siniestro esplendor.