El organismo adscrito al Ministerio de Justicia enfrenta un grave escándalo tras descubrirse la sustracción de fondos públicos por parte de un grupo de funcionarios y señala al extesorero Carlos Valderrama como uno de los principales implicados.
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), entidad encargada de proteger y garantizar la seguridad jurídica de las propiedades en Perú, se encuentra en el ojo de la tormenta debido a un robo millonario perpetrado desde su interior. Este desfalco, que representa una grave afectación a los fondos públicos, involucra a un grupo de funcionarios que habrían aprovechado sus posiciones para desviar dinero presuntamente a su favor.
Según un documento interno al que tuvo acceso el programa Contracorriente, se detalla un modus operandi que habría iniciado años atrás y que permitió la sustracción de un poco más de S/ 2 millones solo entre marzo de 2023 y abril de 2024. El informe de 18 páginas explica cómo estos fondos, que debían destinarse a tributos, devoluciones al Tesoro Público, detracciones, pagos de AFP y seguros de salud de los trabajadores, fueron desviados mediante cheques a nombre del entonces tesorero Carlos Valderrama y otros funcionarios.
Luis Antonio Alemán, jefe de la oficina de administración de la Sunarp, comentó sobre el fraude: “Lo que se identificó es que estas personas hacían el trámite ante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), que es el sistema del Ministerio de Economía para pagos de impuestos y compromisos, y al momento de hacer el giro, se expedían cheques a nombre de ellos mismos”. Esta práctica generó un carrusel delictivo que afectó gravemente las finanzas de la institución.
La abogada penalista Alexandra Vargas señaló que “siendo funcionarios públicos que trabajan dentro de una entidad pública, habrían incurrido en el delito de peculado doloso, al apropiarse de dinero destinado a pagar obligaciones de Sunarp para su propio beneficio, causando un perjuicio patrimonial al Estado”. El abogado penalista Andy Carrión agregó: “Estamos hablando de una apropiación ilícita de fondos públicos que se ha dado de manera sistemática”.
El informe, fechado el 5 de junio de 2024, señala que los cheques girados a nombre de Carlos Valderrama Silva, Miguel Castillo Vega, Beatriz Caballero y Melissa Olivera Lucas suman un total de S/ 2 millones 014 mil 398. Estos pagos que debían ir a las instituciones correspondientes fueron desviados mediante cheques a nombre del propio ex tesorero y su grupo.