Del discurso a la inacción
Ante los lamentables sucesos en Pataz, la región San Martín no puede darse el lujo de seguir esperando.
Por: Beto Cabrera Marina
El avance de la violencia en zonas limítrofes, como las provincias de Tocache y Mariscal Cáceres, expone la fragilidad de la seguridad en la cuenca del Huallaga, donde la minería ilegal empieza a consolidarse como una amenaza real. Mientras tanto, en San Martín, el letargo de sus autoridades se convierte en cómplice involuntario del crimen organizado.
Desde marzo del 2012, alcaldes y gobernadores han declarado en múltiples escenarios la necesidad de instalar garitas de control efectivo en la carretera Fernando Belaúnde Terry (FBT), tanto en los accesos norte, sur y oriente de la región. Sin embargo, más de una década después, las promesas no se han materializado. Ni una garita ha sido construida. Ni un plan concreto se ha presentado.
Gobernadores como César Villanueva, Víctor Noriega, Pedro Bogarín y ahora Walter Grundel han repetido el mismo anuncio: instalar puestos de control fronterizos con Amazonas, Huánuco y Loreto, con el objetivo de registrar a las personas que ingresan a la región. Pero todo ha quedado en el papel.
San Martín enfrenta un elevado flujo migratorio, sobre todo desde los andes y la costa, que ha desbordado la capacidad de control de las autoridades. Esta sobrepoblación está generando graves impactos sociales y ambientales. En respuesta, el Gobierno Regional plantea medidas de urgencia, pero carece de planificación, gestión y, sobre todo, voluntad política sostenida.
Recientemente, en el Congreso de la República, miembros del Parlamento Amazónico (PARLAMAZ), los ministros del Interior y Defensa, y representantes de la Mancomunidad Amazónica (que incluye a Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios) abordaron el estado de la seguridad ciudadana y la vigilancia fronteriza. En representación del gobernador Grundel, la vicegobernadora Rosa Olguita Céliz Cruz participó en la reunión y recalcó la necesidad de una acción conjunta entre los tres niveles de gobierno.
“La única manera de contrarrestar estos actos es trabajar de manera articulada con la Policía Nacional, y destacar personal en puntos estratégicos como el Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM) y el distrito de Pelejo, para evitar que se sigan cometiendo asesinatos a líderes indígenas que defienden los bosques en sus territorios”, expresó.
Céliz Cruz también solicitó audiencias con la PCM y el MEF para gestionar inversión pública en zonas estratégicas como Pardo Miguel (Rioja), Alto Nieva (frontera con Amazonas), Nuevo Progreso (Tocache, frontera con Huánuco) y Pongo de Caynarachi (Lamas, frontera con Loreto). Estas zonas han sido identificadas como puntos críticos para la seguridad y el control territorial.
A pesar del discurso oficial, la falta de resultados concretos es evidente. El plan estratégico aprobado recientemente para apoyar a rondas campesinas, juntas vecinales y la Policía con vehículos y equipos de comunicación es un paso necesario, pero insuficiente sin presencia real del Estado en las fronteras.
La amenaza de la minería ilegal en el sur de San Martín – en distritos como Nuevo Progreso, Uchiza – debe encender todas las alarmas. Sin un sistema de control efectivo, esta actividad seguirá extendiéndose, contaminando ríos, degradando bosques y atrayendo violencia.
¿Cuántas advertencias más necesita San Martín para reaccionar?
Propósito:
Las garitas de control se instalarán para registrar el ingreso de personas a la región San Martín, principalmente en las fronteras con Amazonas, Huánuco y Loreto.
Ubicación: Las garitas se ubicarán en las zonas norte (frontera con Amazonas) y sur (frontera con Huánuco) de la región y en Alianza, por el Oriente (frontera con Loreto)
Beneficios: La instalación de estas garitas busca fortalecer la seguridad ciudadana en la región, permitiendo un mejor control del flujo de personas y la detección de posibles actividades ilícitas.
Contexto: El Gobierno Regional de San Martín ha anunciado la instalación de estas garitas como parte de sus esfuerzos por mejorar la seguridad en la región.
Relevancia: Esta medida es relevante para la seguridad de la población en general, especialmente en las zonas rurales y fronterizas donde el control policial puede ser más limitado.