Tarapoto. Algunos gerentes de la Municipalidad Provincial de San Martín, entre ellos, Gladis Heredia, gerente municipal, Gerber Díaz, de Desarrollo Social, Javier Sinti de Infraestructura, incluso el abogado Amilcar Rodríguez del Aguila, asesor legal de la municipalidad de Tarapoto, en entrevista en radio Tropical, indicaron que en algunos casos el informe anual de Concejo Municipal, año 2016, no ha tenido en cuenta las observaciones levantadas por las gerencias involucradas en los hallazgos.
Indicaron que en muchos casos, que se mencionan en el informe como en la compra de maquinaria para el Instituto Vial Provincial, cuya empresa incumplió el plazo de entrega de los bienes, este hallazgo fue respondido al Órgano de Control Institucional (OCI) pero que al parecer no fue considerada la respuesta en este informe anual.
Sin embargo, reconocieron que en el caso de la adquisición de insumos para el programa del Vaso de Leche, donde ampliaron contratos con empresas inhabilitadas para contratar con el Estado, reconocieron que sí lo hicieron a pesar de conocer que esto no está permitido legalmente, situación que reconoció el asesor legal de la Municipalidad Provincial de San Martín.
Manifestaron además que al conocer también el informe de Auditoría N° 005-2015, sobre el proceso de selección de la obra: Ampliación de redes y conexiones de alcantarillado sanitario de la asociaciones de vivienda Paraíso, Vista Hermosa, Las Flores, Venecia, la Florida y Las Praderas y mejoramiento de colectores principales de los jirones Bosque y accesos a la Institución Educativa Virgen Dolorosa de la Banda de Shilcayo, donde, según el informe, se evidencia un favorecimiento al Consorcio que ejecutó la obra.
Este tema, ha sido tratado en sesión de Concejo, de donde se desprende el Acuerdo N° 014-2016-MPSM, que resuelve poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad Provincial de San Martín, María Leonor Fernández, Sívori, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en la observación única del informe.
Este inicio de acciones de la procuradora, tiene plazo de inicio hasta el 3 de abril del año en curso, donde se conocerán las primeras acciones a realizar con quienes resulten responsables.
Lamentablemente, para que el jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Martín, Manuel Martín Marticorena Apagüeño, debe pedir autorización a la central de la Contraloría General de la República; sin embargo, esperamos que los regidores pongan sus ojos en estos casos y las investigaciones que se realicen sean para que determine responsabilidades reales. (Silvia Quevedo)