Morales. Liter Mendoza Huaynacari, asesor legal de la Municipalidad Distrital de Morales, indicó en entrevista al programa Decisiones del fin de semana, que el proceso sancionador que se realiza a la empresa GH Bus está dentro de los parámetros legales.
Dijo que justamente para evitar el tema de abuso de autoridad, cuando se inició, el año pasado, el operativo siempre tuvieron la cautela de lo actuado, siendo una de las primera acciones solicitar a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones la relación de empresas que tienen un terminal terrestre autorizado, pues está entidad quien da la autorización para los terminales terrestres.
Según la información recibida, las empresas no tienen una ruta que indique Morales a Lima, lo que tienen es Tarapoto – Lima; Movil Tours es la única que tiene autorización para un terminal terrestre.
Mendoza Huaynacari, informó que hicieron un primer operativo con el Ministerio de Transportes y la municipalidad provincial, luego comunicaron a las empresas, que deberían ir a otro lugar pues no pueden operar en la Av. Salaverry por no contar con un terminal autorizado ni por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) ni por la municipalidad distrital.
La licencia de funcionamiento de GH Bus, indicó es solo para oficina de venta de pasajes, por lo que les notificaron, esperando que regularicen y no lo hicieron.
Aclaró que no es competencia de la municipalidad de Morales dar licencia de funcionamiento para terminales terrestres.
“En la licencia de GH Bus dice, oficina de venta de pasajes, carga y giros, no dice embarque y desembarque de carga y pasajeros”, puntualizó el asesor legal.
Agregó que la municipalidad de Morales hizo por primera vez sus operativos en julio del año pasado y les otorgaron un plazo conveniente para sus trámites y regularicen las observaciones, al no hacerlo iniciaron el proceso administrativo sancionador.
La situación de GH Bus, es de clausura temporal, hasta que dure el proceso administrativo sancionador que es de 30 días útiles, como máximo. El que haya vuelto a abrir significa que están realizando desobediencia y resistencia a la autoridad lo que amerita una denuncia penal porque esta empresa es reincidente, manifestó Liter Mendoza.
Dijo que para las intervenciones no era necesaria la presencia del representante del Ministerio Público. (Silvia Quevedo)