Beneficiará a cerca de 6 millones de peruanos y compromete a 19 ministerios en el cierre de brechas con enfoque intercultural.

Tras seis años de construcción participativa —no exenta de tensiones, demandas y vigilias desde los territorios— el Ministerio de Cultura anunció la firma del decreto supremo que oficializa esta política pública que, por primera vez, busca articular de manera real al Estado con la diversidad cultural invisibilizada en nuestro país.

La PNPI plantea una intervención multisectorial ambiciosa: 40 entidades de 19 ministerios articuladas para implementar 141 servicios públicos orientados a cerrar brechas estructurales. El objetivo es claro: mejorar la calidad de vida de cerca de 6 millones de ciudadanos indígenas y garantizar que, al 2040, al menos 7 de cada 10 ejerzan plenamente sus derechos colectivos.

En regiones como San Martín, donde conviven pueblos indígenas como el Awajún, Kichwa y Shawi, la expectativa es alta, pero también lo es el escepticismo. La historia reciente ha demostrado que muchas políticas no logran traducirse en acciones concretas en territorios donde la pobreza, la exclusión y la falta de servicios básicos siguen siendo una constante.

En ese contexto, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) San Martín, Luis Alberto Vásquez, sostuvo que la aprobación de la PNPI representa una oportunidad clave, pero advirtió que su éxito dependerá de su implementación real:

“Esta política marca un avance importante en el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos indígenas. Sin embargo, el verdadero desafío está en garantizar que sus lineamientos lleguen a las comunidades, respetando sus formas de vida y fortaleciendo su participación en la toma de decisiones”, señaló.

El proceso de construcción de la PNPI incluyó la participación de organizaciones indígenas de alcance nacional como AIDESEP, CONAP, CNA, ONAMIAP, entre otras, garantizando el derecho a la consulta previa y la incorporación de demandas históricas.

No obstante, desde las bases comunales de las organizaciones indígenas el mensaje es firme: no basta con reconocer derechos en el papel. Se requiere voluntad política, presupuesto y presencia efectiva del Estado en los territorios donde la desigualdad sigue teniendo rostro indígena.

La aprobación de esta política puede ser el inicio de una nueva etapa. O puede convertirse en una promesa más. El tiempo —y la acción— lo dirán.

Dato:
La Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040 es la primera en su tipo en el Perú y busca posicionar al país como referente en Latinoamérica en la protección de derechos colectivos, incorporando un enfoque intercultural y de desarrollo con identidad.

Por Segundo Chuquipiondo