El Consejo de Ministros aprobó un decreto legislativo que autoriza la revisión inmediata de equipos informáticos en casos de flagrancia delictiva vinculados a extorsión, sicariato y secuestro, así como de dispositivos hallados dentro de establecimientos penitenciarios durante operativos inopinados. La medida forma parte de la estrategia del Ejecutivo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y mejorar la eficacia de la investigación penal.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que esta disposición modifica el Código Procesal Penal, aprobado mediante el Decreto Legislativo N.° 957. Con el nuevo marco normativo, el efectivo policial podrá revisar la información contenida en celulares, computadoras u otros equipos informáticos que se encuentren en posesión del intervenido, siempre que cuente con autorización previa del Ministerio Público y cuando dicha revisión resulte indispensable para el esclarecimiento del hecho delictivo.

Asimismo, la norma establece que, una vez culminado el acto de investigación, el fiscal deberá solicitar al juez competente la resolución confirmatoria correspondiente, garantizando de esta manera el control judicial posterior y el respeto de los derechos fundamentales en el proceso penal.

Según precisó la PCM, esta medida permite preservar la inmediatez en la obtención de evidencia digital, un aspecto clave en delitos complejos, donde la información puede ser eliminada, alterada o transferida en cuestión de minutos. Hasta ahora, estos procedimientos demandaban mayor tiempo, lo que incrementaba el riesgo de pérdida de datos relevantes para las investigaciones.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca reforzar los mecanismos de investigación del Estado frente a delitos de alta gravedad que afectan la seguridad ciudadana y la tranquilidad pública. En ese sentido, la revisión oportuna de evidencia digital contribuirá a identificar redes criminales, responsables directos y posibles vínculos delictivos, fortaleciendo la respuesta del sistema de justicia y la capacidad operativa de la Policía Nacional y el Ministerio Público frente al avance de la criminalidad organizada.