Nuestra Amazonía y las áreas naturales protegidas representan la delgada línea entre el equilibrio ecológico y el colapso ambiental; debilitar su protección sin debate ciudadano ni sustento técnico transparente es comprometer el patrimonio natural indivisible de las futuras generaciones.

Un ambiente de honda preocupación e incertidumbre envuelve la gestión ambiental de nuestro país. Un borrador normativo que viene circulando de manera extraoficial revela que un eventual Gobierno de Keiko Fujimori buscaría solicitar al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas por un periodo de 120 días calendario. La finalidad central de este pedido sería aprobar, a través de decretos legislativos por vía rápida, un conjunto heterogéneo de reformas normativas.

Aunque el pretexto oficial abarca materias como la seguridad ciudadana y la simplificación administrativa, el trasfondo más alarmante del documento contempla medidas estratégicas dirigidas a acortar evaluaciones ambientales, flexibilizar requisitos técnicos y restar rigurosidad a los permisos para proyectos extractivos.

Uno de los ejes más sensibles del documento ataca de manera directa el régimen legal de las áreas naturales protegidas y ecosistemas frágiles. El borrador contempla elevar los estándares exigidos al propio Estado para imponer restricciones a proyectos empresariales, estableciendo que cualquier limitación a la actividad económica dentro de estos espacios de biodiversidad deberá sustentarse exclusivamente en evidencia científica objetiva y clara bajo estrictos criterios de legalidad y proporcionalidad. Esta exigencia formal, que a simple vista parece técnica, en la práctica podría elevar desmedidamente la carga probatoria e imposibilitar que el Estado aplique el principio de precaución para restringir obras de infraestructura, minería o hidrocarburos ante amenazas inminentes contra los bosques, las fuentes de agua, la fauna silvestre y las cabeceras de cuenca.

Asimismo, el paquete normativo prevé la aplicación del silencio administrativo positivo en trámites de certificación ambiental y el uso generalizado del principio de presunción de veracidad. Con ello, si las autoridades ambientales no logran responder o evaluar los expedientes técnicos en los acortados plazos legales que fijaría la norma, las solicitudes empresariales quedarían automáticas e indefectiblemente aprobadas. A este mecanismo de agilización acelerada se suma la propuesta para reorganizar las competencias de las entidades ambientales, garantizar la estabilidad de permisos otorgados y reestructurar la normativa en materia de recursos forestales, fauna silvestre, recursos hídricos y formalización minera, abriendo la puerta a una menor supervisión en áreas de alto valor biológico.

Un punto crítico señalado en el texto es que la primera disposición complementaria final del borrador exceptúa expresamente a estos decretos legislativos de consulta pública, agenda temprana y análisis de impacto regulatorio previo (AIR ex ante). Bajo este esquema, la formulación de las reglas se reduciría a informes internos de los sectores promotores, eliminando los mecanismos habituales para que especialistas, organizaciones indígenas y la ciudadanía presenten observaciones o alertas.

¿Quiénes hicieron el borrador y fueron consultados nuestros especialistas o representantes?

Respecto a quiénes elaboraron este borrador, el documento ha sido redactado de forma preliminar por los equipos técnicos del Poder Ejecutivo y del sector político oficialista en coordinación con asesores en materia económico-productiva. En cuanto a si nuestras especialistas ambientales regionales o nuestros representantes parlamentarios en el Congreso ¿fueron consultados? ¿ha existido ningún proceso de consulta descentralizada, diálogo previo ni evaluación técnica participativa con los congresistas de las regiones amazónicas, científicos de la zona, organizaciones ambientales, colegios profesionales y comunidades locales? A parecer la respuesta es no existido consulta alguna.

Cabe remarcar que, al no existir aún un documento oficial con sello de recepción en la Mesa de Partes del Congreso, esta propuesta aún no es definitiva y requiere la aprobación formal del Gabinete Ministerial.

La ciudadanía y los gremios de la región San Martín y el oriente peruano se mantienen en máxima alerta ante lo que representaría un grave retroceso en la protección ambiental del país.