El gobierno apuesta por acelerar la inversión, reforzar la seguridad y anticiparse a los riesgos climáticos. El desafío es que esas decisiones no se queden en anuncios o procedimientos administrativos, sino que se traduzcan en seguridad, empleo, servicios públicos y oportunidades concretas para la población y las regiones.

Por: Neptalí Santillán Ruiz

El gobierno de Keiko Fujimori busca proyectar una idea central: orden para recuperar seguridad, facilitar inversiones y responder con mayor capacidad ante los riesgos climáticos. En esa estrategia aparecen la reorganización policial, las medidas contra la extorsión y el sicariato, la descolmatación frente a posibles lluvias, la digitalización de trámites y mecanismos para promover la participación privada en obras y servicios.

Sin embargo, una gestión pública no se mide por la cantidad de anuncios, sino por sus resultados. Una comisión puede ordenar información y una reunión con inversionistas abrir oportunidades, pero ninguna de ellas reduce por sí sola una extorsión, garantiza agua potable o evita que una familia pierda sus ingresos durante una inundación.

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), mediante el PEDN Perú 2050, plantea una visión que integra competitividad, empleo decente, gestión territorial, reducción de riesgos, servicios públicos y descentralización. La primera tensión del debate es, por ello, clara: acelerar la inversión puede ser necesario, pero acelerar no equivale automáticamente a desarrollar.

Seguridad: investigar más allá del ejecutor

La extorsión y el sicariato exigen una respuesta efectiva del Estado. Pero estados de emergencia, operativos y cambios de mandos deben evaluarse por sus resultados, no por el número de anuncios.

La pregunta fundamental es cuántas organizaciones criminales son desarticuladas, cuánto dinero ilícito se recupera, cuántas investigaciones llegan a sentencia y cuánto disminuyen las extorsiones y homicidios. La estrategia debe alcanzar a quienes financian, lavan dinero, protegen o facilitan la operación de las redes criminales.

También existe una dimensión preventiva: empleo juvenil, educación, espacios públicos y presencia permanente del Estado pueden reducir las condiciones que las organizaciones criminales intentan aprovechar para reclutar o controlar territorios. Seguridad significa, finalmente, menos miedo para la población y mayor capacidad institucional para enfrentar al crimen organizado.

El Niño: prevenir antes de reaccionar

Frente a El Niño, la descolmatación y las intervenciones en zonas vulnerables pueden ser necesarias, pero la prevención exige mucho más: drenaje, protección de cuencas, agua segura, establecimientos de salud preparados y vigilancia epidemiológica.

Cada obra debería informar públicamente dónde se ejecuta, cuánto cuesta, cuándo termina, quién responde por ella y cuántas personas protege.

El mecanismo de Servicios por Impuestos puede contribuir al cierre de brechas, pero debe evaluarse por priorización, costo, calidad y supervisión pública. La participación privada puede complementar al Estado, pero no sustituye su responsabilidad de planificar y fiscalizar.

Economía: que la inversión llegue al trabajo y a la mesa

La simplificación de trámites y el destrabe de proyectos pueden favorecer la actividad económica. Pero el crecimiento del PBI no garantiza por sí mismo empleo formal, mejores salarios ni servicios públicos de calidad.

El desafío consiste en vincular inversión con empleo digno, proveedores nacionales, innovación, productividad regional y mayores ingresos fiscales. Las MYPE necesitan no solo obligaciones de formalización, sino también crédito, tecnología, mercados y capacitación.

La discusión fiscal también resulta inevitable: qué se recauda, quién paga y cómo se utilizan los recursos públicos para salud, educación, agua, saneamiento e infraestructura.

Regiones: gobernar un país diverso

El Perú no termina en Lima. Para muchas familias amazónicas, rurales y fronterizas, acceder a servicios básicos implica mayores costos y distancias.

El CEPLAN plantea fortalecer la descentralización y la articulación entre los tres niveles de gobierno. Por ello, las demandas regionales necesitan presupuesto, cronogramas, responsables y seguimiento ciudadano. La cooperación entre gobiernos no debería depender de afinidades partidarias.

El verdadero examen

El balance del gobierno de Keiko Fujimori deberá observarse en la vida cotidiana: menos extorsión, territorios mejor protegidos frente a desastres, inversión que genere empleo, servicios públicos que funcionen y regiones con mayores capacidades.

El Perú no necesita solamente un Estado que decida más rápido para invertir. Necesita un Estado capaz de proteger, servir y responder donde vive la gente.

El verdadero poder de una política pública no está en el anuncio que ocupa los titulares, sino en el cambio que permanece cuando las cámaras se apagan. Gobernar será demostrar que orden, inversión y crecimiento pueden convertirse en derechos, seguridad y oportunidades para todos los territorios del Perú