Debido a las crecientes extorsiones y amenazas que afectan a los conductores.
El Gobierno peruano ha declarado estado de emergencia en 12 distritos de Lima y Callao por 60 días, tras el incremento de la violencia y extorsiones a los transportistas, quienes han realizado un paro exigiendo mayor seguridad.
El premier Gustavo Adrianzén anunció el jueves 26 que el Gobierno de Dina Boluarte tomó la decisión de declarar estado de emergencia por 60 días en algunos distritos de Lima y Callao debido a las extorsiones que vienen sufriendo los transportistas.
Los distritos afectados incluyen San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador, Comas, entre otros. Durante este periodo, la Policía Nacional tendrá el control del orden público, con apoyo de las Fuerzas Armadas si es necesario, buscando combatir la delincuencia y las bandas criminales que azotan estas zonas.
El ministro de Defensa, Walter Astudillo, dijo que la Policía Nacional del Perú será la encargada de mantener el control del orden interno “con opciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas”.
Este estado de emergencia surge en respuesta a la preocupación de transportistas y ciudadanos que vienen sufriendo constantes amenazas, extorsiones y robos, especialmente en los sectores más vulnerables. El paro de transportistas ha sido una medida de presión que evidenció la necesidad de reforzar la seguridad en estas áreas.
Nuevas Órdenes
Esta tarde el Consejo de Ministros anunció un paquete de medidas luego de las manifestaciones del paro de transportistas, tras los hechos delictivos de extorsión que vienen perjudicando a las líneas de transporte de Lima.
• Conformar un grupo especial de la PNP dedicado a la investigación y persecución del delito de extorsión (integrado por 100 agentes).
• PNP pone a disposición líneas para denunciar
• Establecer mecanismos de seguridad en paraderos y rutas
• Brindar seguridad policial a las unidades de transporte con personal uniformado y civil.
• Proyecto de ley para castigar hasta con cadena perpetua el delito de extorsión.
• Solicitar la conformación de la Fiscalía contra la extorsión y garantizar la reserva de la identidad de los denunciantes.
• Conformar mesa mixta con el Ministerio de Transportes, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Ministerio Público y Poder Judicial.
• Crear una Procuraduría de la Autoridad de Transporte Urbano.