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Gobierno plantea incentivos económicos para reducir la planilla estatal mediante renuncias voluntarias

La propuesta contempla compensaciones de hasta 12 remuneraciones para servidores públicos que decidan dejar voluntariamente sus puestos. El Ejecutivo estima que entre 2.500 y 10.000 trabajadores podrían acogerse al mecanismo.

El Gobierno de Keiko Fujimori solicitó al Congreso facultades legislativas para impulsar una reforma de reorganización y modernización del Estado, que incluye incentivos económicos para trabajadores públicos que decidan renunciar voluntariamente.

La iniciativa busca ordenar la planilla estatal, identificar las plazas necesarias y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Según el Ejecutivo, la reforma permitirá avanzar hacia una estructura estatal más eficiente y basada en la meritocracia.

El incentivo tendría como referencia el régimen laboral privado regulado por el Decreto Legislativo 728 y sería otorgado únicamente a quienes decidan acogerse voluntariamente. La propuesta no contempla despidos ni destituciones de trabajadores con estabilidad laboral.

El cálculo sería de una remuneración y media mensual por cada año completo de servicios, con un límite máximo de 12 remuneraciones. Por ejemplo, un trabajador que perciba S/4.000 mensuales y tenga cinco años de servicio podría recibir S/30.000.

El mecanismo alcanzaría a trabajadores bajo el régimen CAS a plazo indeterminado, servidores nombrados del Decreto Legislativo 276 y trabajadores del régimen 728.

No obstante, aún deberán definirse aspectos como el procedimiento para acceder al beneficio y la modalidad de pago.

El abogado laboralista Willman Meléndez advirtió que el principal desafío será garantizar que las renuncias sean realmente voluntarias y no estén condicionadas por presiones laborales.

El Ejecutivo proyecta entre 2.500 y 10.000 renuncias. El costo inicial oscilaría entre S/220,1 millones y S/886,9 millones, mientras que el ahorro acumulado en tres años podría alcanzar hasta S/1.180,4 millones.

El reto será garantizar la voluntariedad de las salidas y lograr una reorganización que contribuya realmente a construir un Estado más eficiente y sostenible.

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