El agua no es solo un recurso indispensable para la supervivencia humana, sino el latido mismo de nuestra Amazonía; cuando las fuentes se reducen por la desidia y la falta de planificación, el desarrollo de nuestros pueblos se paraliza y el futuro pierde su esperanza más elemental.

Por Mario Ríos Vela | Biólogo I Especialista en Gestión Ambiental, Cuencas Hidrográficas y Gobernanza Territorial

La reciente alerta emitida por EMAPA San Martín respecto a la severa reducción del caudal del Sistema Cachiyacu, que ha desatado drásticas restricciones en los servicios de agua potable en las ciudades de Tarapoto y Morales, desnuda la profunda fragilidad de nuestro sistema de abastecimiento regional. Aunque los camiones cisterna despliegan esfuerzos para mitigar la emergencia, las soluciones momentáneas no logran resolver el problema estructural de fondo.

La crisis hídrica golpea sin tregua a toda la región. En Moyobamba, durante el mes de octubre de 2026, diversas familias sufrieron cortes prolongados de hasta ocho días sin suministro. En Juanjuí, 190 familias del sector Chambira quedaron completamente desabastecidas luego de que una obra municipal afectara de manera directa la captación y la línea de aducción. Por su parte, en Tocache, el proyecto integral de agua y saneamiento continúa entrampado entre problemas de financiamiento, observaciones técnicas y severas limitaciones en la disponibilidad del recurso.

Estas problemáticas coinciden con desalentadoras cifras reveladas por el INEI y difundidas por el Instituto Peruano de Economía en septiembre de 2026, las cuales indican que solo el 19,7 % de la población de San Martín accede a agua con niveles adecuados de cloro. Asimismo, el 37 % de los habitantes recibe el servicio durante menos de doce horas al día y un 13,3 % carece por completo de agua por red pública de manera cotidiana.

Si bien los factores divergen según la localidad —atribuyéndose en Tarapoto y Morales a la escasez de lluvias y la consecuente caída del caudal del Cachiyacu, a errores operativos en Juanjuí, y a retrasos en proyectos emblemáticos como Juninguillo en Moyobamba—, el trasfondo común involucra la deforestación desmedida de las cabeceras de cuenca, los cambios drásticos en el uso del suelo y una creciente presión sobre las fuentes naturales. Aunque la variabilidad climática y los fenómenos asociados al Niño intensifican el problema, no pueden justificar la precariedad de la gestión actual.

Frente a este escenario, es imperativo recordar que las advertencias no son nuevas. Ya hace once años, en 2015, se propuso un modelo de inversiones sustentado en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), articulado estratégicamente en torno a las principales cuencas de la región: el río Negro para abastecer a Rioja, Moyobamba y zonas aledañas; el río Tocache para su ámbito urbano; el río Huayabamba para el Huallaga Central; el río Shanusi con proyección hacia Yurimaguas; y el río Mayo como alternativa para Tarapoto y el valle del Cumbaza.

A más de una década de aquellas propuestas, la región sigue reaccionando tarde ante la emergencia en lugar de consolidar una política de seguridad hídrica. La solución definitiva exige evaluar técnicamente la disponibilidad y calidad del recurso, proteger las cabeceras de cuenca, recuperar los ecosistemas degradados, reducir las pérdidas en las redes de distribución, incrementar la capacidad de almacenamiento y garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales. San Martín urge de inversiones priorizadas y metas verificables porque las cisternas solo alivian la coyuntura, pero jamás garantizarán el porvenir de sus ciudades.

Garantizar agua en cantidad, calidad y continuidad no constituye una promesa política ni una opción postergable; es una obligación permanente del Estado y la condición indispensable para que nuestra Amazonía siga respirando con dignidad y vida.