El juez que ve el caso de los seis que fueron detenidos por la muerte del fiscal superior, sin más rodeos y complicaciones determinó la inmediata libertad; el Ministerio Público pedía 18 meses de encarcelamiento para los procesos de investigación por las previas acusaciones que el Ministerio del Interior había certificado culpables a las personas referidas, incluso dándoles el papel y la responsabilidad delincuencial a cada uno a través de un organigrama policial.
Todo este proceso sin el peso de una acusación criminalística que venían estudiando los responsables de la justicia, y que no encontraban ninguna razón condenatoria más que la abundancia de rumores, y que los verdaderos autores materiales e intelectuales de este crimen aún está por saberse, o en todo caso seguramente como de muchos, entrará al archivo de la congelación investigadora.
Al Ministerio del Interior pareciera que algo se le está escapando de la mano, como en un principio por querer salir bien del asunto y con la colaboración de un ex sicario, apresa a todos los supuestos implicados.
Hoy al Ministerio del Interior no le queda más que dos acciones como alternativa: o apela la decisión tomada por el juez que determinó la libertad. Para esto, el Ministerio del Interior debe sustentar la acusación no en base a puros rumores y testificaciones verbales como lo hizo inicialmente.
Ahora, si el Ministerio del Interior le da la razón al juez, esas seis personas liberadas tienen todo el derecho de demandar al Estado para remediar sus casos personales con una justa indemnización.
Algo de esto olfateaba en mi columna del 07 de diciembre cuando sostenía lo siguiente: “Pregunto, ¿qué pasaría si las seis personas capturadas, en el proceso más a fondo de las investigaciones, resultan no ser los directamente responsables, o simplemente no son los responsables?
“El Ministerio del Interior estaría en la capacidad de rectificarse, es más estaría en la capacidad de indemnizar a los supuestos responsables, toda vez que una persona es inocente, hasta que la justicia determine lo contrario. Aquí tenemos solamente condena por parte del Ministerio del Interior”.
Hoy en día existen varios aliados de la tecnificación para dar con los criminales y delincuentes, como son los diminutos videos y el ADN, que certifican a través de la imagen el primero; la sangre y los tejidos, a través del segundo. La misma policía de investigaciones tiene aliados de tecnificación criminalística, y que muchas veces no son puestos en acción por falta de personal policial tecnificado.
Será por esto que el Estado está en camino a reformar la policía reconociendo el mérito de un trabajo policial de investigación efectiva.
Comparto a continuación a modo de resumen los avances de la REFORMA POLICIAL I (Lampadia: Antorcha Informativa):
“Si en los próximos años no se lleva a cabo una reforma profunda en la policía nacional y en el sistema judicial penal, la inseguridad ciudadana y el avance de las mafias pueden terminar ahogando la gobernabilidad y el crecimiento económico.
“La altísima victimización por delincuencia se debe a un sistema judicial-penal que no atrapa a los delincuentes o que cuando lo hace no los castiga, es decir, al reinado de la impunidad, y a la carencia de políticas preventivas que ataquen la raíz social de la delincuencia. Y el avance de las mafias y el crimen organizado obedecerían, entre otras cosas, a una supuesta sensible reducción del número de policías dedicados a la investigación policial.
“En cuanto a la elevada victimización por delincuencia, es decir, a los altos niveles de inseguridad ciudadana, hemos abordado el tema desde el ángulo judicial y de la aplicación del nuevo código procesal penal, donde hemos visto que hay avances pero se necesita, entre otras cosas, mejorar la coordinación entre policías y fiscales, devolverle a la policía algo más de autonomía para actuar e interrogar, organizar mejor y medir el rendimiento del sistema de audiencias, avanzar hacia el expediente digital, implementar laboratorios básicos y, muy importante, descentralizar fiscalías, juzgados y carceletas a los distritos (en Lima y Callao) a fin de castigar a los ladrones, violadores y delincuentes callejeros que normalmente salen libres cuando son capturados, y hacer mucho más efectivo el funcionamiento de los recientemente estrenados juzgados de flagrancia.
“Estos últimos, bien implementados y distritalizados, pueden cambiar radicalmente la sensación de impunidad y empezar a dar una justicia pronta y efectiva”.
Ojalá, esta Antorcha informativa tiene en cartelera interesante información que debe conocer el ciudadano común y corriente, los profesionales, y en especial los inmersos dentro de esta carrera de la policía: los policías.