Virus desnudó aparato corroído del estado

A los seis días después del primer caso de coronavirus detectado en Perú, el presidente Vizcarra declaró la emergencia sanitaria, dictó restricciones a las reuniones personas y el aislamiento domiciliario de las personas que provenían de Italia, España, Francia y China.  Cuatro días más tarde, el 15 de marzo, el gobierno ordenó cuarentena general y el cierre de fronteras.

 A escasos días de cumplir tres meses, después de esos anuncios, nuestro país es uno de los países en Sudamérica con la mayor cantidad de muertes confirmados de COVID-19. La situación es crítica y, a pesar de una intervención del gobierno, es el sistema de salud público, desatendido por décadas, el que ha tenido que lidiar con las consecuencias.

 Al inicio de esta pandemia, el país solo contaba con 276 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es decir, menos de una por cada 100,000 personas.  A lo largo de la emergencia, el gobierno ha ampliado la cantidad de camas de UCI, pero la atención para los pacientes que no necesitan ventilación mecánica también en desborde.

 Una escena común: una vez alcanzada la máxima capacidad en un hospital, los pacientes son atendidos en sillas a la intemperie  o simplemente ya no los reciben.

 La conducción del sector Salud tampoco ha sido clara. Se ha cambiado siete veces de ministro de Salud en menos de cuatro años, entre los gobiernos de Kuczynski y el de Vizcarra.

 La estrategia para afrontar la pandemia se ha montado sobre la marcha, mientras asumía el rol el actual ministro de Salud, Víctor Zamora. En los últimos tres años, si bien hubo un crecimiento del gasto, la ejecución del presupuesto para proyectos del Ministerio de Salud ha sido baja. En 2017, apenas fue de 44%; 57% en 2018; y en 2019, no superó 68%. Según cálculos oficiales del MINSA en octubre de 2019 hacían falta más de 16,000 médicos especialistas en todo el país. (FUENTE: MEN-INEI-MINSA)

 El financiamiento del sector estaba orientado fundamentalmente al cuidado de la enfermedad antes que a la prevención y a reducir la barrera económica para el acceso a los servicios de salud.

 Pero esta gestión tampoco ha podido ir al ritmo de las necesidades de la protección para el escaso personal de salud. Todos los días son muchos los casos de médicos que protestan por no contar con los equipos de protección personales requeridos, – teniendo que reusar varias veces la mascarilla mandiles y hasta las botas- o de aquellos que han dejado de atender por falta de equipos o por caer enfermos (según las cifras del Colegio Médico del Perú, más de 700 médicos han contraído el virus, 20 fallecidos solo en Iquitos).

 Persisten descuidos puntuales: Reportes periodísticos dieron cuenta que empresas peruanas exportaron 155 toneladas de mascarillas  a China, antes de que el gobierno decretara que estos productos solo se exportaran con licencia del sector salud, el 8 de abril. También, a falta de capacidad para adquirir y utilizar en grandes cantidades las pruebas moleculares, se han empleado pruebas rápidas.

 Los resultados de su aplicación no han sido satisfactorios para la atención de pacientes, a los que no se les atendía con urgencia por haber dado falsos negativos. Esto también ha creado una desconfianza en los números oficiales, con varios informes señalando que hay un subregistro por falta de confirmación de pruebas.

 Algo que también pudo haber sumado al caos es el sistema de salud público fragmentado; algunos hospitales administrados por el MINSA, ESALUD administrado por el Ministerio de Trabajo, otro por la sanidad de la Policía y las Fuerzas Armadas, y otros por los gobiernos regionales.

 Esto hace que, en condiciones normales, la burocracia interna dificulte incluso el traslado de una cama de una UCI a otra, requiriendo un papeleo exhaustivo.

 En nuestra región como en otras, agrava la precariedad en los hospitales es que están bajo la administración de los gobiernos regionales, entidades caracterizadas por su ineficiencia: a un mes de la cuarentena, solo tres   de 25 habían gastado más de 50% del presupuesto asignado por el gobierno central para enfrentar el coronavirus.

 La crisis nos ha desnudados como sociedad y ha mostrado el lado más siniestro de la burocracia estatal. Es tiempo de parchar las grietas estructurales del sistema de salud; la pronta reactivación económica y la relajación de las medidas de aislamiento social —ya sea por disposición del gobierno o de facto por las necesidades de la población— pondrán más presión sobre un sistema que ya está saturado, y el margen de acción para evitar un peor escenario será bastante estrecho. La decisión final está en nuestras manos; CADA QUIEN CUIDA SU SALUD, CADA QUIEN ES RESPONSABLE DE SU FAMILIA.