La fiebre del oro continúa arrasando con la Amazonía peruana. El río Yuyapichis, en Huánuco, luce hoy prácticamente muerto: perdió gran parte de su caudal y sus aguas desprenden un olor fétido debido al uso de retroexcavadoras y derrames de petróleo. “El río está prácticamente muerto y huele feo por el petróleo y los desechos que quedan de las máquinas. Es un desastre total. No creo que quede nada de vida. Es como un caldo de barro y nada más”, declaró un poblador a OjoPúblico, bajo reserva por seguridad.
El avance de la minería ilegal afecta directamente a la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira y al Área de Conservación Privada (ACP) Panguana, fundada en 2011 por la investigadora Juliane Köpcke, sobreviviente del accidente aéreo de 1971 en Huánuco. Paradójicamente, los bosques que alguna vez le salvaron la vida hoy están amenazados por la destrucción causada por la extracción aurífera.
Según información obtenida por OjoPúblico, en Huánuco existen 355 petitorios mineros en trámite ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), de los cuales 241 ya cuentan con título de concesión minera, pese a que el Decreto Legislativo 1100 prohíbe el uso de dragas y equipos similares en la Amazonía. Otros 98 pedidos están en trámite y 16 se han extinguido.
Un análisis de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) detalla que entre 2020 y octubre de 2024 el número de concesiones en esta zona aumentó significativamente, lo que evidencia el creciente interés por la explotación del oro. Huánuco es hoy la segunda región amazónica más golpeada por la deforestación y la contaminación por mercurio, solo superada por Loreto.
El impacto ya es devastador: a julio de 2024, el Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) reportó más de 500 hectáreas deforestadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, entre Huánuco y Pasco, debido a la minería ilegal.
La amenaza se mantiene latente. En el caso específico del río Yuyapichis, se presentaron cinco solicitudes de concesiones mineras ante el Ingemmet, todas ellas superpuestas al cauce del río. Cuatro fueron canceladas recientemente tras advertencias del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). Entre ellas, resalta el caso de Luz Marilyn Vera Mamani, de 21 años, quien ingresó el 21 de junio de 2024 el pedido para la concesión “Marilyn I”, de 900 hectáreas, pagando S/517 por derecho de trámite y USD 2.700 por vigencia. Tres de estas solicitudes fueron realizadas por personas con lazos familiares y la misma dirección en Madre de Dios, la región más golpeada históricamente por la minería ilegal.
Especialistas como Sidney Novoa de ACCA advierten que la presentación de petitorios y su cruce con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) revela que hay pleno “conocimiento sobre la presencia de mineral en esta zona, lo que es un aliciente para que se realice la actividad, ya sea ilegal o informal”.
Frente a esta situación, voces locales y organizaciones ambientales coinciden en que la única salida pasa por una decisión política firme que frene la expansión de concesiones y ejecute medidas de control real sobre la minería ilegal. De lo contrario, la Amazonía peruana seguirá perdiendo ríos, bosques y biodiversidad frente a la fiebre del oro.
