La entrada en vigor de la Ley N° 31814 —la primera norma en el Perú que regula de manera integral el uso de la inteligencia artificial (IA)— abre un nuevo escenario para las empresas que ya vienen incorporando esta tecnología en sus procesos, productos y operaciones. Esta ley, que promueve el uso de la IA en favor del desarrollo económico y social del país, se inspira en la normativa europea y adopta un enfoque basado en riesgos, con el objetivo de impulsar la innovación en un entorno seguro, centrado en la protección de las personas y el respeto de los derechos humanos.
“Este Reglamento establece tres categorías de riesgos que las empresas deben tener en cuenta: usos indebidos o prohibidos, que generan un impacto irreversible y negativo en los derechos fundamentales; usos de riesgo alto, que pueden afectar derechos como la vida o la integridad, pero que son admisibles bajo condiciones y controles específicos; y usos aceptables, que comprenden todos aquellos sistemas que no encajan en las categorías anteriores”, indica Bruno Mejía, Líder de Competencia y Mercados de EY Law.
Una vez comprendido el alcance de la Ley y su clasificación de riesgos, las empresas pueden anticiparse a los nuevos retos regulatorios adoptando algunas medidas clave, entre ellas:
*Identificar el tipo de riesgo que podría generar la adopción de soluciones de inteligencia artificial dentro de la organización.
*Asegurar el cumplimiento de las obligaciones que el Reglamento de la Ley N° 31814 establece para el sector privado.
*Implementar medidas preventivas y diseñar políticas, protocolos y procedimientos internos claros para el uso de la IA.
*Garantizar la protección de la seguridad y la privacidad de la información.
*Establecer mecanismos efectivos de supervisión humana sobre los sistemas de inteligencia artificial.
“A diferencia de lo que ocurre en otros países de Latinoamérica, en Perú, esta Ley es la primera que tiene un alcance nacional, es decir, no enfocado a un sector en específico. En otros países donde se ha aplicado la regulación, la anticipación a exigencias normativas ha permitido a las organizaciones reducir contingencias legales y reputacionales, además de facilitar su adaptación progresiva a marcos regulatorios más estrictos”, señala Mejía.
Aunque el plazo para adoptar estas medidas inicia en septiembre de 2026, es importante que las empresas se anticipen priorizando desde ya la protección de datos personales, la propiedad intelectual y la seguridad de la información, así como la elaboración de manuales de uso y etiquetado de sistemas de IA, además de realizar evaluaciones de riesgos.
“El desarrollo de nuevas tecnologías debe promoverse de manera responsable, apostando por la educación y el respeto a los derechos humanos, de propiedad intelectual y de datos personales. Para las empresas, prepararse hoy no solo es una obligación regulatoria, sino una decisión estratégica para competir y crecer en un entorno cada vez más digital”, concluye Bruno Mejía, Líder de Competencia y Mercados de EY.
