¿Para esto pagamos impuestos? Mientras miles de peruanos viven en la pobreza, enfrentan enfermedades sin atención adecuada y los escolares carecen de materiales básicos, el Congreso de la República contará con un presupuesto récord de S/1.413 millones en 2025. Una cifra que supera ampliamente los recursos asignados a sectores esenciales como salud, educación, programas sociales y deporte.
Del total asignado, S/923 millones se destinarán a planillas, viáticos y beneficios del personal congresal, mientras que S/270 millones serán usados para implementar la bicameralidad, una reforma criticada por su alto costo y escaso respaldo ciudadano.
¿Qué estamos recibiendo a cambio? El actual Congreso ha sido criticado por su bajo rendimiento legislativo, limitada fiscalización y la aprobación de normas inconstitucionales o populistas. Más del 90% de sus integrantes no destacan por preparación ni compromiso, y su aprobación ciudadana sigue por debajo del 10%. Aun así, usan el «gasto de representación» para promoción personal, mientras el país atraviesa una crisis social y económica.
La comparación es alarmante. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), que atiende a pacientes con cáncer, recibirá solo S/555.7 millones. Programas clave como Cuna Más y Juntos, dirigidos a la infancia y la lucha contra la pobreza extrema, recibirán S/1.038 millones y S/1.119 millones, respectivamente, ambos por debajo del presupuesto del Congreso.
El caso más drástico es el de Foncodes, responsable de atender la pobreza rural, con apenas S/339.6 millones, es decir, cuatro veces menos que el Legislativo.
El deporte y la educación también son afectados. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) manejará S/411.8 millones, y el Programa de Dotación de Materiales Educativos, que busca entregar útiles escolares, cuenta con apenas S/97.1 millones.
Pese a todo, el Congreso avanza con la bicameralidad, lo que implica aumentar aún más su gasto operativo. Para la experta en gestión pública Rosa Gutiérrez, este incremento es «injustificable desde cualquier enfoque costo-beneficio«.
Mientras tanto, la pobreza aumenta, la salud pública colapsa, y el Congreso sigue ajeno a la realidad nacional.