Ahora los caviares de izquierda propietarios de ONGs, que reciben financiamiento del extranjero para defender los derechos humanos de los terroristas, propulsores de los colectivos y organizadores de las marchas contra el indulto a Fujimori, no recuerdan las atrocidades cometidas por los terroristas y solo reclaman fundamentalmente los asesinatos de 25 personas cometidos en La Cantuta y Barrios Altos por el Grupo Paramilitar Colina. ¿Defensa de los Derechos Humanos solo para ellos y las otras víctimas de las atrocidades cometidas por el grupo terrorista sendero luminoso no gozan de derechos humanos?
Ahora resulta que estos señores establecen la Agenda Política del Perú. Con estas marchas lo que se busca es la presión pública para anular el indulto de Alberto Fujimori, que el anciano retorne a prisión y muera en ella, dado que por la edad, su delicado estado de salud y las restricciones carcelarias por muy cómoda que sea la prisión, harán que no pueda cumplir los 13 años de pena que le faltan y adelantarán su fallecimiento.
CREO SINCERAMENTE QUE KENJI FUJIMORI ACTUÓ HONESTAMENTE, PORQUE DESDE UN PRINCIPIO SOSTUVO QUE SU PRIORIDAD ERA LA LIBERTAD DE SU PADRE Y EN TAL DIRECCIÓN ACTUÓ.
Alberto Fujimori fue sentenciado en 5 procesos penales: (1) Año 2007 por delito de Usurpación de Funciones condenado a 6 años de prisión, (2) Año 2009 por el caso La Cantuta, Barrios Altos y secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer condenado a 25 años de prisión, (3) Año 2009 por el delito de peculado condenado a 7 años y 6 meses de prisión, (4) Año 2015 por el delito de espionaje telefónico y pago a congresistas tránsfugas, condenado a 6 años de prisión, y (5) Año 2015 por haber desviado fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional para financiar diarios chicha, condenado a 8 años de prisión.
El indulto extingue la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena. Esto quiere decir que la persona indultada sigue siendo culpable de los delitos cometidos, pero se le perdona el tiempo que falta para cumplir el total de la pena. El indulto no libera a la persona del pago de su reparación civil, esto quiere decir que, si bien Alberto Fujimori queda en libertad plena, debe obligatoriamente pagar la reparación civil a las víctimas o sus deudos, que según información oficial bordea los 50 millones de soles entre deuda principal más intereses.
Según la última encuesta de IPSOS APOYO de julio 2017, el 68% de los encuestados estuvo a favor del indulto a Alberto Fujimori Fujimori. Si la gran mayoría del pueblo peruano está a favor del indulto, quienes somos nosotros para oponernos, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. El indulto se dió y fue una prerrogativa Presidencial. Inoportuno, por supuesto que sí, pero procedente por cuestiones humanitarias también creo que sí.
La actuación política de Keiko Fujimori es desastrosa, sin rumbo, su imagen autoritaria está irremediablemente deteriorada por su propia responsabilidad y la actuación de ese grupo de dictadorzuelos parlamentarios que no ponen límites a lo que hacen, los Becerril, Bartra, Beteta, Salaverry, Reátegui, Saavedra, Chacón, Salgado, Alcorta, Galarreta, Letona, que han convertido el Congreso en una cloaca. Kenji Fujimori debería pensar en formar su propia agrupación política, ha demostrado en estos últimos días que tiene carácter, carisma, liderazgo, olfato político y lo que es más importante, cuenta con el aval de Alberto Fujimori, el líder histórico y la razón de ser del fujimorismo. ¿O acaso cree Keiko Fujimori que las personas que votaron por Fuerza Popular en las elecciones presidenciales del año 2016 fue por su imagen y liderazgo? Craso error.
No protejo a los corruptos, los repudio y combato con toda la fuerza de la razón y el corazón.
Es bueno precisar lo siguiente: Todos los funcionarios públicos, sin excepción alguna, que hayan cometidos delitos deben ir a la cárcel. Ollanta Humala y Nadine Heredia presos, Alejandro Toledo con orden de captura. Falta determinar responsabilidad penal de Alan García, Keiko Fujimori, Susana Villarán, PPK. Si se prueban en un proceso judicial que estos han cometido delitos, deben igualmente ir irremediablemente a prisión, sin lugar a dudas. La lucha contra la corrupción no debe hacer distingos de ninguna clase y la justicia debe ser especialmente severa cuando mayor sea el rango del funcionario público corrupto.
Aquí una reflexión, el Estado Peruano debería renunciar parcialmente al Pacto de San José y su Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reimplantar la PENA DE MUERTE para delitos como los asesinatos cometidos por los terroristas, grupos para militares y delincuentes comunes extremos, corrupción de funcionarios y otros delitos graves como la violación de menores, porque los derechos humanos que pregona la CIDH solo ha servido para dejar indefenso a la sociedad contra las lacras sociales e indemnizar a los terroristas, esa es la pura verdad. Esperar que esto se haga a través de iniciativa del Ejecutivo o Legislativo Nacional es pedir peras al olmo, el pueblo debería hacerlo a través de un referéndum.