En el Perú el desarrollo inmobiliario ha tenido un gran avance, desde la construcción de viviendas unifamiliares hasta edificios multifamiliares y edificaciones destinadas al comercio; para el caso de viviendas, puesto que son estas las que dependen más de la autoconstrucción, según la Cámara Peruana de la Construcción el 60 % de las viviendas son autoconstruidas y el 50% están construidas sin planos y con maestros de obra que no están capacitados para esta labor. Lo ideal es construir edificaciones seguras, funcionales y económicas.
Muchas personas ven más práctico y económico, a corto plazo, contratar a un Maestro de Obra para el diseño y ejecución de los proyectos. Y para obtener la licencia municipal, lo único que hacen es contratar un dibujante y este consigue las firmas de profesionales inescrupulosos que no revisan los proyectos y sólo plasman sus firmas y sellos en los proyectos. Esto es una práctica común. Sin materiales adecuados, profesionales competentes (en diseño y construcción) y sin un proyecto bien hecho aumenta la vulnerabilidad de una vivienda ante el peligro que implica un sismo, por tanto el riesgo de generar daño a las personas aumenta considerablemente.
Esto también es parte la informalidad predial. Veamos: la informalidad predial no sólo es el aspecto netamente legal que implica tener un título de propiedad, sino también implica diseñar y construir bajo la dirección de profesionales, obtener los permisos respectivos y, finalmente, inscribir el reconocimiento legal de una vivienda ante los Registros Públicos. Es decir, todo lo que se hace en un predio debe ser registrado, esto incrementa su valor, permite realizar más, mejores y seguras operaciones financieras. Pero prescindiendo del economicismo, la participación de profesionales desde la adquisición de un terreno hasta el término de construcción de una vivienda es importante porque garantiza buenos resultados.
De la mano de esa poca cultura de formalidad que existe en el país, también está la poca capacidad de orientación y fiscalización por parte de los gobiernos locales.
Un factor que creo que es el más importante para atacar la informalidad predial es la planificación, la misma que debe partir desde el gobierno local gestionando suelo urbano para crear ciudades resilientes y formales. El 14% del territorio de Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo están asentado sobre suelo con peligro muy alto, mientras Lamas tiene 11% de su área urbana sobre suelo con peligro muy alto. Entonces es el gobierno local el facultado a orientar, gestionar, planificar y gestionar el suelo para tener asentamientos formales y seguros; asimismo los ciudadanos deben cumplir sus deberes y exigir sus derechos.
