Profesionales colegiados piden respaldo técnico y legal para revisar observaciones formuladas en los informes de control, que, a su juicio, requieren mayor sustento y precisión técnica.

Un grupo de ingenieros civiles colegiados, liderado por el ingeniero Salomón Guerra Guerra, presentó un documento dirigido al decano del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Consejo Departamental de San Martín, solicitando la intervención de la institución frente a sus preocupaciones sobre determinados informes de control emitidos por la Contraloría General de la República (CGR) en la región.

Según el oficio, fechado el 12 de mayo de 2025, los profesionales expresan su inquietud por lo que consideran una necesidad de fortalecer el sustento técnico y la objetividad de algunas observaciones formuladas en los informes de control. A criterio de los firmantes, determinadas conclusiones podrían tener repercusiones en los ingenieros involucrados en la ejecución de obras públicas, por lo que consideran importante garantizar el respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

En el documento, los recurrentes señalan que algunas observaciones utilizan términos como «posible», «presunta» o «adversa», cuya interpretación, sostienen, debería estar acompañada de elementos técnicos que permitan determinar con claridad la naturaleza y magnitud de las situaciones advertidas, especialmente cuando se hace referencia a posibles perjuicios económicos o funcionales al Estado.

Asimismo, advierten que las observaciones de control, cuando no cuentan con suficiente precisión técnica, podrían generar incertidumbre entre los profesionales y dificultades en la ejecución de proyectos de infraestructura. En ese sentido, consideran necesario fortalecer los mecanismos de evaluación y revisión de los informes, sin que ello signifique desconocer la función fiscalizadora de la Contraloría.

Los ingenieros sustentan su pedido en los artículos 2.1 y 2.14 del Estatuto del CIP, que, según indican, establecen responsabilidades institucionales relacionadas con la protección de los derechos de sus miembros y el cumplimiento del Código de Ética Profesional.

Entre sus principales solicitudes figura que el Colegio de Ingenieros brinde asesoría técnica y legal a los profesionales agremiados que afrontan procedimientos derivados de informes de control, así como que promueva espacios de análisis y revisión especializada de las observaciones formuladas.