Mientras miles de estudiantes de la educación pública estudian con carencias en sus aulas, la desidia administrativa condena al olvido recursos pagados con el dinero de todos los peruanos, demostrando que la burocracia insensible puede ser tan perjudicial como la propia corrupción.
Una grave situación de negligencia y abandono de bienes públicos ha quedado al descubierto tras un operativo de inspección inopinada realizado en los almacenes de las siete Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Lima Metropolitana. La intervención, ejecutada por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) durante el sábado 1 y domingo 2 de agosto, permitió hallar miles de materiales educativos, equipos de cómputo y maquinarias compradas con recursos del Estado que nunca fueron entregados a sus destinatarios. Estas acciones de fiscalización se enmarcan en los lineamientos trazados por la presidenta de la república, Keiko Fujimori, y el ministro de Educación, José Antonio Chang, orientados a erradicar irregularidades históricas en el sector público.
Durante el recorrido por los depósitos, el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales Torres, constató la presencia de más de 30 000 textos escolares, alrededor de 50 máquinas industriales, 100 monitores de computadoras, además de calzado, uniformes, materiales pedagógicos y artículos de limpieza acumulados sin uso. Sorprendentemente, gran parte de los textos retenidos corresponden a las campañas 2024, 2025 y 2026, provistos por el Ministerio de Educación (Minedu) para su reparto gratuito. Asimismo, se detectaron equipos como máquinas de coser, remalladoras, bordadoras y cortadoras que debieron equipar a centros de formación y que permanecieron archivados por años.
El hallazgo no solo expuso la ineficiencia logística, sino también graves riesgos de seguridad e inoperancia administrativa. En el almacén de la UGEL 03, las autoridades descubrieron material altamente inflamable —incluyendo ácido muriático, lejía, cera y aerosoles junto a papelería—, lo que ponía en peligro inminente la integridad del personal y los locales. Por otro lado, en la UGEL 02 se evidenció la retención de bienes por procesos administrativos inconclusos y deudas con proveedores, trámite que se ha prometido destrabar de inmediato.
Fante este indignante panorama, el titular de la DRELM, Cornelio Gonzales Torres, calificó el hecho como inaceptable e impune y anunció que se solicitará la intervención inmediata del Órgano de Control Institucional de la Contraloría General de la República. Del mismo modo, se promoverán acciones legales y administrativas para sancionar a los funcionarios responsables de la custodia y distribución de estos recursos. Como medida correctiva, se ha dispuesto un inventario integral en las siete UGEL y la reestructuración de los procesos logísticos para asegurar que ningún bien público vuelva a ser arrinconado en perjuicio de la educación peruana.
