Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha puesto al Instituto Peruano del Deporte (IPD) en el centro de la controversia, tras revelar presuntas irregularidades en el manejo de millones de soles destinados a infraestructura deportiva en la región San Martín.

Según el documento, la empresa Fasst Engenharia e Montagens recibió S/ 32,8 millones para la ejecución de estructuras temporales. Parte de este presupuesto estaba destinado a la mejora del techo del Coliseo Cerrado de Tarapoto, una obra largamente esperada por la población, así como a la construcción de coliseos modulares proyectados en Tarapoto, Moyobamba y Uchiza, además de otras localidades del país. Sin embargo, la Contraloría advierte posibles inconsistencias en la ejecución y destino de los recursos.

Las presuntas irregularidades fueron consignadas en un informe fiscal elaborado por el fiscal adjunto de Lima, Gino Florentino Oadar Hoyos, que detalla hechos ocurridos entre el 4 y el 13 de noviembre de 2025, periodo que coincide con la gestión de Sergio Luis Ludeña Visalot al frente del IPD.

Además, la Contraloría señala la existencia de contratos directos por desabastecimiento inminente por un total de S/ 89,1 millones, los cuales habrían sido adjudicados sin concurso público. A ello se suma una denuncia por presunto mal uso de recursos por parte de trabajadores del IPD en el Estadio Nacional.

El informe pone en evidencia la necesidad de mayor fiscalización en el manejo de los recursos deportivos, mientras que autoridades y la opinión pública esperan explicaciones sobre el destino final de los fondos destinados a obras clave para el deporte nacional.