La medida busca garantizar reglas claras, planificación anticipada y equidad en uno de los principales hitos democráticos del proceso electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en su calidad de organismo constitucional autónomo y máxima autoridad del sistema electoral, declaró de interés institucional prioritario la realización del Debate Electoral de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), formalizando la decisión mediante la Resolución de Presidencia N.º 000022-2026-P/JNE, de fecha 30 de enero de 2026. Con esta disposición, el ente electoral reconoce el carácter estratégico de este espacio como un escenario fundamental para la exposición y contraste de propuestas, permitiendo a la ciudadanía acceder a información relevante que fortalezca la toma de decisiones y el ejercicio de un voto informado.

Desde el año 2011, el JNE, a través de su Dirección Nacional de Educación, ha asumido la organización de los debates electorales como parte de su función formativa y de promoción de la participación política responsable. Estos encuentros se han consolidado como una práctica democrática que busca garantizar el principio de igualdad en la competencia política, la libertad de expresión, el respeto a la pluralidad y el rechazo a la violencia en la contienda electoral, pilares esenciales en todo proceso democrático.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, programadas para el 12 de abril, y que se desarrollarán en un escenario inédito debido a la participación de un número histórico de organizaciones políticas, el organismo electoral consideró imprescindible adoptar medidas que aseguren una planificación anticipada, una coordinación articulada y una ejecución eficiente del Debate Electoral. El objetivo es garantizar que este espacio se lleve a cabo en condiciones de orden, equidad y transparencia, fortaleciendo la legitimidad del proceso.

Con esta decisión, el Jurado Nacional de Elecciones reafirma su compromiso con la transparencia, la deliberación democrática y el fortalecimiento de la legitimidad electoral, asegurando que los debates se desarrollen bajo reglas claras, equitativas y técnicamente sólidas, en beneficio directo de la ciudadanía y de la calidad del sistema democrático.