En un contexto marcado por invasiones, tráfico de tierras y violencia contra líderes indígenas, el inicio del juicio oral en una instancia nacional especializada vuelve a poner en el centro la protección del territorio, la vida y el Estado de derecho, recordando que no puede haber desarrollo sin respeto a los pueblos originarios.

El Poder Judicial del Perú, a través de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, dispuso el inicio del juicio oral en el proceso seguido por delitos de sicariato, homicidio calificado en grado de tentativa y encubrimiento personal, en un caso que ha generado profunda preocupación por su impacto en comunidades indígenas y defensores del territorio. La causa se tramita en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, integrado por los magistrados Nayko Techy Coronado Salazar, Max Oliver Vengoa Valdiglesias y Wilmer Roy Quispe, con intervención del Ministerio Público, a través de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada.

De acuerdo con la Resolución N.° 01, de fecha 05 de enero de 2026, correspondiente al Expediente N.° 00049-2024-22-5001-JR-PE-09, el colegiado judicial programó la instalación del juicio para el martes 20 de enero de 2026, con audiencias continuas los días 21 y 22 de enero, en modalidad virtual, garantizando la presencia de todas las partes procesales y órganos de prueba. Entre los acusados figuran Genix Saboya Saboya, Limber Ríos Ruiz, Jerrly Saboya Saboya, Segundo Juan Villalobos Guevara y Dedicación Vera Pardo, algunos de ellos con prisión preventiva vigente hasta 2026 y 2027, lo que evidencia la gravedad de los hechos imputados.

El proceso reconoce como agraviados a Quinto Inuma Alvarado, líder indígena asesinado, y a Axeldina Barbarán Tapullima, víctima de homicidio calificado en grado de tentativa, hechos que, según la imputación fiscal, se enmarcan en una dinámica de violencia asociada a la disputa por territorios, donde mafias de tráfico de tierras e invasores ilegales buscan imponer el miedo para debilitar la defensa comunal. La judicatura ha dispuesto, además, el emplazamiento de testigos y peritos, así como las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los acusados recluidos en establecimientos penitenciarios del INPE.

Este caso se erige como un precedente clave en la lucha contra la criminalidad organizada que amenaza a los pueblos indígenas y sus territorios, y refuerza el mensaje de que las invasiones y el tráfico de tierras deben ser condenados con todo el peso de la ley. La defensa del territorio no es solo una demanda histórica de las comunidades, sino una obligación del Estado para garantizar la vida, la paz social y el respeto a los derechos colectivos.

Desde una perspectiva ética y democrática, el inicio de este juicio reafirma que no puede tolerarse la violencia como herramienta para despojar tierras, ni la impunidad frente a crímenes que buscan silenciar a quienes protegen la Amazonía y los bienes comunes. La sociedad espera que este proceso avance con transparencia, celeridad y justicia, sentando una señal clara contra quienes promueven la ilegalidad y a favor de la defensa legítima de los territorios indígenas.