Ante la difusión audios y video

Desde Tocache y Nueva Cajamarca, exigen acciones inmediatas contra la presunta injerencia en el sistema judicial y policial, mientras la región enfrenta el riesgo de normalizar la corrupción.

Para VOCES declaran Segundo Vicente Calle, coordinador general del colectivo unidos por Nueva Cajamarca y Newton Vásquez Hernández, presidente de la central única regional de rondas campesinas de San Martín.

La difusión de un material audiovisual ha colocado a San Martín en el centro de una tormenta política sin precedentes. Los audios, que comprometerían directamente al gobernador regional Walter Grundel, han encendido la indignación de dirigentes sociales tanto del norte como del sur de la región, quienes advierten que lo revelado no solo pone en tela de juicio la integridad de las autoridades, sino también la autonomía de instituciones claves como el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

En entrevista pública, el presidente de las Rondas Campesinas, Newton Vásquez Hernández, expresó que las grabaciones representan una “radiografía de la corrupción” que, según sostiene, ha rodeado la gestión regional desde sus inicios.

En los audios se escucharía a Walter Grundel proponer diálogos directos con fiscales para influir en investigaciones en curso, lo que para el dirigente rondero constituye una grave interferencia en la autonomía del Ministerio Público. “No es conversar, es direccionar”, advirtió Vásquez, señalando que la aparente intención de tener algo “armado en la mente” configura un escenario incompatible con el Estado de derecho.

La indignación ciudadana ha llegado al punto de que sectores de la población han empezado a referirse irónicamente a los implicados como los “Cuellos Verdes”, en alusión al escándalo nacional de los “Cuellos Blancos”, reflejando así el profundo deterioro de la confianza pública en el sistema de justicia regional. Para las bases ronderas, la situación exige una investigación inmediata y una depuración institucional, pues —según afirmó Newton Vásquez Hernández— la sociedad civil no puede respaldar autoridades que “apestan a corrupción”. Las Rondas Campesinas se han declarado en sesión permanente y mantienen consultas virtuales con sus directivos regionales para emitir un pronunciamiento oficial.

El escándalo, sin embargo, no se limita al ámbito judicial. Los audios también mencionan presuntos vínculos con efectivos de la DIVINCRI, unidad especializada de la Policía Nacional del Perú, quienes habrían participado en la campaña política del actual gobernador. De confirmarse, se trataría de una instrumentalización de las fuerzas del orden para fines políticos, un hecho que agravaría la crisis institucional en la región.

Desde el sur, en Nueva Cajamarca, el dirigente social Segundo Vicente Calle alzó su voz con firmeza, señalando que San Martín se encuentra en una encrucijada histórica. Para él, la mezcla entre política y corrupción amenaza con convertirse en una práctica normalizada si no se actúa con contundencia. “No podemos permitir que las denuncias se diluyan en el murmullo de la calle”, enfatizó, haciendo un llamado a que el material probatorio mencionado por el ciudadano Iván Rojas sea entregado formalmente a las autoridades competentes.

En el plano legal, Segundo Vicente Calle sostuvo que el Consejo Regional debe evaluar la posibilidad de una vacancia por incapacidad moral o mental contra Walter Grundel, conforme a ley. Asimismo, instó a los consejeros regionales y a los cuatro congresistas de la República por San Martín a formalizar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de Corrupión en el Poder y la Contraloría General de la República, elevando el caso al ámbito nacional para garantizar imparcialidad y objetividad.

La preocupación se agrava ante cifras económicas alarmantes. Según datos difundidos por el diario Voces, la incidencia del lavado de activos en la región habría pasado de 109% a 237%, un incremento que, según los dirigentes, evidencia el avance de economías ilícitas como la minería ilegal, las cuales buscarían influir en decisiones gubernamentales y en el financiamiento de futuras campañas electorales.

Casos emblemáticos como la Laguna Ricuricocha y la Naciente del Río Negro son señalados por los dirigentes como símbolos de una batalla mayor: defender los ecosistemas y el desarrollo sostenible o ceder ante intereses ilegales que, en palabras de Segundo Vicente Calle, están “matando a la gallina de los huevos de oro”.

El norte y el sur de San Martín se solidarizan con la denuncia de Iván Rojas y coinciden en una exigencia común: que las instituciones actúen con transparencia y firmeza para despejar las sombras que se ciernen sobre el Gobierno Regional. La región enfrenta un momento decisivo donde la pregunta central resuena con fuerza en las calles y plazas: ¿habrá justicia o prevalecerá el blindaje?