Máxima sanción judicial
La histórica condena impuesta en San Martín sienta un firme precedente en la defensa de la niñez, pero abre una dolorosa reflexión sobre cómo un fallo procesal permitió la libertad de un agresor que hoy evade la justicia.
El Juzgado Penal Colegiado de Juanjuí dictó la pena de cadena perpetua contra Gabriel Huacal Huamán, de 23 años, tras hallarlo culpable de los delitos de inducción a la fuga y violación sexual en agravio de una adolescente de 12 años de nacionalidad venezolana. El fallo, emitido en julio de 2026, fija S/ 10,000 de reparación civil y dispone la inmediata captura a nivel nacional del sentenciado. Este nuevo juzgamiento se realizó luego de que un primer proceso dictado en su contra fuera declarado nulo en el año 2025, decisión que le otorgó la libertad procesal y le permitió mantenerse prófugo de la justicia.
En el juicio oral, la fiscal provincial Tania Flores Vela, de la Fiscalía Provincial Mixta de Campanilla, demostró que el 31 de octubre de 2023 el agresor captó mediante engaños a la menor en Lima. Posteriormente, la persuadió para viajar a Campanilla, en San Martín, donde abusó de ella hasta en tres ocasiones dentro de un inmueble en Cuñumbuza. La denuncia de la madre ante la División de Investigación Criminal (Divincri) de Bellavista, en el Callao, activó la alerta nacional de búsqueda. El Ministerio Público sustentó la acusación con la declaración de la víctima en Cámara Gesell y el Certificado Médico Legal, obteniéndose la máxima sanción bajo la figura de concurso real de delitos del Código Penal. La fiscalía exhortó a las autoridades a capturar al prófugo para ejecutar de inmediato la pena.
La justicia no está completa cuando la condena se queda escrita en el papel. Garantizar la inmediata captura de los agresores y cerrar los vacíos legales que permiten su liberación es un deber moral insoslayable para proteger la dignidad, integridad y futuro de nuestros niños.



