La Generación Z volvió a salir a las calles este fin de semana para protestar contra la delincuencia, la crisis institucional y la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia. La movilización, marcada por símbolos juveniles como la bandera de One Piece, envió un mensaje claro: “El futuro nos pertenece y no callaremos ante el abuso del poder”.

La inseguridad ciudadana fue uno de los principales reclamos. Para la dirigente Xiomara Vásquez, la criminalidad golpea con mayor fuerza a trabajadores y comerciantes, víctimas de extorsiones y amenazas diarias. “Uno enciende la televisión y se encuentra con muerte en los noticieros. Por sumas mínimas como cinco soles, las bandas criminales arrebatan vidas y actúan sin restricciones”, advirtió. En ese contexto, exigió al Estado una política firme y decidida para enfrentar la delincuencia, señalando que la pasividad del gobierno “legitima la continuidad de las protestas”.

Otro de los ejes de la protesta fue la vacancia presidencial. “Queremos que deje la presidencia. Solicitamos su vacancia inmediata y una investigación exhaustiva que, de confirmarse responsabilidades, derive en una condena privativa de libertad: es ahí donde debe estar”, afirmó Vásquez, asegurando que la mandataria “le ha dado la espalda al país”.

Los jóvenes también rechazaron la estigmatización. El vocero Wilder Lozano denunció que algunos medios califican al movimiento de “vándalos” o “terroristas”. “Nos preocupa que se nos señale como un grupo violento o destructor. El único objetivo de nuestro colectivo es que el gobierno escuche la voz del pueblo”, indicó. En relación a la bandera de One Piece, explicó que simboliza unidad generacional, resistencia y lucha contra la corrupción.

La jornada estuvo marcada además por la represión policial contra la prensa. Reporteros de Ojo Público y Exitosa Noticias resultaron heridos por perdigones disparados por la PNP mientras cumplían su labor. Jahaira Pacheco y el camarógrafo Percy Grados recibieron impactos en las piernas durante la cobertura del arresto de un manifestante. El periodista Diego Quispe, de Ojo Público, fue alcanzado por tres perdigones, pese a identificarse como reportero. El fotógrafo Gabriel García Barandiarán sufrió golpes con varas en las rodillas. La Brigada de Salud reportó al menos cinco manifestantes heridos por perdigones y cartuchos de gases lacrimógenos disparados directamente al cuerpo, una práctica prohibida.

La reacción de organismos nacionales e internacionales no se hizo esperar. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) condenó los hechos y exigió sanción inmediata a los responsables. Ojo Público llamó a la comunidad internacional a mantenerse vigilante frente a la escalada de ataques. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtió que entre enero y julio de 2025 se registraron 180 ataques contra periodistas y dos asesinatos, el doble que en años anteriores. El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) señaló que este es el peor año para el periodismo desde los años 90, debido al hostigamiento sistemático y la impunidad.

En solidaridad, más de 290 periodistas, juristas y defensores de derechos humanos de 25 países firmaron un pronunciamiento condenando las agresiones, amenazas y campañas de desprestigio contra la prensa peruana.

Los hechos ocurridos en Lima son inaceptables. Las agresiones contra periodistas vulneran el derecho a la información y ponen en riesgo la democracia. La violencia policial contra comunicadores debe ser condenada con firmeza, exigiendo al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú asumir responsabilidades, sancionar a los efectivos involucrados y garantizar la seguridad en futuras coberturas.

La voz juvenil y la defensa de la libertad de prensa coinciden en un mismo clamor: basta de impunidad. El país no puede permitirse callar frente al avance de la delincuencia, el autoritarismo y la represión contra quienes informan.