El paso del exfiscal del rol acusador al de defensor reabre el debate sobre la imparcialidad en el sistema de justicia y refleja la creciente tensión política en el país.

En medio de un clima político cada vez más confrontacional, Keiko Fujimori lanzó duras críticas contra el exfiscal José Domingo Pérez tras conocerse su decisión de asumir la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, actualmente condenado a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para rebelión.

Desde Piura, la lideresa de Fuerza Popular cuestionó abiertamente lo que considera una muestra evidente de “sesgo político”, señalando que la actuación de Pérez durante su etapa como fiscal ya dejaba entrever una posición parcializada. “Hoy se pinta de cuerpo entero”, afirmó Fujimori, en una declaración que rápidamente generó repercusiones en distintos sectores políticos.

El cuestionamiento no se limita a la coyuntura actual. Fujimori sostuvo que el comportamiento del exfiscal no es nuevo, recordando su intervención en procesos emblemáticos vinculados a figuras como Alan García y Luis Castañeda Lossio, ambos investigados en el marco de casos de corrupción. Según la excandidata presidencial, estos antecedentes refuerzan su argumento de que Pérez actuó más como un actor político que como un representante del Ministerio Público.

Por su parte, José Domingo Pérez, conocido por su papel clave en las investigaciones del caso Caso Lava Jato, defendió su decisión señalando que el proceso contra Castillo presenta “irregularidades e injusticias”. En esa línea, afirmó que el exmandatario es un “prisionero político”, cuestionando las garantías del debido proceso y asegurando que no se le ha permitido ejercer plenamente su derecho a la defensa.

La decisión del exfiscal de pasar al lado de la defensa ha generado un intenso debate sobre los límites éticos y profesionales dentro del sistema judicial peruano. Mientras algunos sectores consideran legítimo su nuevo rol como abogado, otros advierten que este giro alimenta la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

En este contexto, el enfrentamiento entre Keiko Fujimori y José Domingo Pérez no solo refleja un conflicto personal o político, sino que evidencia una profunda fractura en la percepción de la justicia en el Perú, donde las decisiones judiciales son cada vez más interpretadas bajo el prisma de la polarización política.