Cuando las evidencias se muestran. Siembran más dudas
Por: Beto Cabrera M
La función pública está precisada jurídicamente, esto al parecer no está sucediendo en la administración de la actual gestión regional, como muestra, mostramos una vez más lo que sucede en la Ugel Rioja, vayamos a los hechos.
En la edición de Voces del 22 de agosto dimos cuenta con documentos que sustentan la crónica una serie irregularidades puestos en conocimiento desde el mismo interior de la Ugel Rioja, los documentos prueban este incorrecto proceder, que, en vez de corregir y enderezar la gestión, el administrador es “echado” o sea quien intenta poner legalidad, es separado de un cargo.
Ojalá que, en adelante, los señores del gobierno regional cuando las cosas con apelen a la vieja y trillada frase: “no hemos sabido comunicar”
Desde VOCES hemos buscado por todas las formas contactar con el director regional de Educación y el propio director de la Ugel Rioja, quien en primera instancia contestó nuestra llamada, al identificarnos y solicitarle una entrevista colgó y no volvió a contestar. Reiteramos, y en estricto respeto a las personas y a las instituciones, seguimos a la espera de la explicación oficial. Debe entenderse que en el sector público o privado la comunicación -entendida, y accionada en su real concepto- es una herramienta clave para el desarrollo y la gestión. Las autoridades y funcionarios deben entender que la comunicación es una herramienta esencial para diseñar estrategias y acciones que sirvan para mejorar, prevenir o desarrollar acciones colectivas, para dar respuestas a las necesidades del público, ojo, el funcionario o político que no sepa comunicar está condenado al fracaso. 
Si la denuncia que presentamos el jueves 22 «ha traído cola” en el interno, conocemos de la intervención de la Contraloría elevando un acta de recopilación de información en la Ugel Rioja, documento en el que se da cuenta en detalles lo nombres de los participantes y enumera los puntos que se han abordado.
Al leer el documento, salta a la luz un hecho, que la UGEL RIOJA “no cuenta con ROF, MOF Manual Clasificador de cargos, Perfiles de Puestos y hasta un manual de procedimientos” entonces, la pregunta cae sola ¿las otras Ugeles de la región tienen estas herramientas de gestión?
Se supone que con los elementos recabados la Contraloría elevará un documento final.
Lo que sí se ha cumplido con la celeridad, es que el funcionario que ha denunciado las irregularidades ya no va más, nos referimos al Lic. Maxwell Medina Barreto, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Administración de la UGEL Rioja. Mediante resolución directoral Regional 2909 -2024 GRSM/DRE resuelve: DAR POR CONCLUIDO la designación, el documento lleva la firma de los funcionarios de la Dirección Regional de Educación, entre ellos el director regional de Educación Edgar Moisés Julca Chuquista.
Es decir, el mensaje que nos deja este proceder, separo de la gestión al funcionario y o trabajador que no se “alinea” “que no comulga o es aliado de lo indebido” pésimo mensaje examinado desde cualquier óptica es lo que nos deja entender este proceder que acompañamos con documentos esta crónica.
Algo extraño ¿abuso de poder?
El abuso poder de una autoridad se da cuando un servidor público como miembros empleados y trabajadores del Estado, quienes están al servicio del Estado y de la comunidad, hacen que prevalezca su propia voluntad sobre la ley y con el fin de conseguir intereses …al parecer, en resumen y de acuerdo a los hechos, es lo que nos da el marco exacto de lo que sucede la Dirección Regional de Educación y la Ugel Rioja.
Es conocido que existen distintas modalidades de ejercicio del poder, el poder del dinero, el poder económico entre otros. Para el caso que abordamos y el que prevalece en la política peruana, es casi común encontrar decisiones en el Estado que se toman pasando por encima de la legalidad –muchas veces mal asesorados-. Sin embargo, para los fines de este informe es relevante hablar del control del poder, el poder político en el Gobierno Regional de San Martín, es una organización del Estado regido por normas jurídicas, que a la luz de los hechos que presentamos parece no aplicarse o alinearse al marco legal; ¿acciones de ciertos funcionarios con una alta dosis de soberbia que imponen decisiones a equivocadas -fuera de ley- con el sólo ánimo de favorecimiento personal o grupos de interés?
Dejamos ahí la pregunta a la espera de la respuesta oficial.