Poderes subterráneos abusan de prerrogativas para cambiar y manipular las leyes con tal de favorecer el delito y la impunidad.
Por Luis Lamas Puccio
Me refiero de manera muy particular y enfática al reciente dictamen aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento de nuestro Congreso de la República, recaído en el Proyecto de Ley 6084-2023-CR que establece la despenalización o descriminalización de los partidos políticos en nuestro medio relacionada con la comisión de delitos. Se argumenta que los partidos políticos son asociaciones de interés público, por lo que deben estar libres o exentas de cualquier acción o investigación penal.
Este es un tema recurrente en la lucha contra la corrupción y la impunidad, no solo por la necesidad de desarrollar y buscar medios políticos factibles para el fortalecimiento de la ética en el ejercicio de la política y la vida partidaria tan venida a menos en los últimos tiempos en nuestro medio, sino como una forma de respeto y consideración a la población electoral que contempla absorta y preocupada cómo se utiliza o mejor dicho se pervierte la democracia como sistema igualitario de gobierno para beneficiar a políticos mal encaminados en desmedro de la opinión de millones de peruanos, a los que la Constitución Política exige por encima de todo respeto y consideración.
Corrupción e impunidad en partidos políticos
Me refiero a la alianza maligna entre el delito y el manejo maquiavélico de la justicia para fines impropios, como parte de un mismo entramado característico del ejercicio de la política en nuestro país, a través del cual se engaña y falsea la realidad a la población haciéndola creer que la justicia resulta igual para todos, cuando en realidad acontece todo lo contrario, como lo demuestran los hechos.
Hablamos de poderes políticos subterráneos que abusan de las prerrogativas democráticas que señala la Constitución Política, y proceden cada cierto tiempo a modificar y manipular las leyes a su antojo para lograr que con el paso del tiempo el delito y la corrupción política resulten impunes, como si fueran parte de un mismo pasado que es imperioso olvidar o mejor dicho esconder.
La dinámica del tiempo y los medios puestos en práctica hacen que los hechos de corrupción se releguen al olvido y sean suplidos por otros de nueva generación, siempre como parte de una misma retórica. Hoy por ti y mañana por mí, como símbolo de la impunidad encubierta en la legalidad, como parte de un mismo sistema político engranado entre todos y cada uno de los periodos políticos, siempre como parte de los nuevos anuncios y declaraciones aparatosas que se lanzan cada cierto tiempo vinculadas a la supuesta lucha contra la corrupción y la impunidad.
Partidos de fachada
Es obvio que la responsabilidad penal es personal o individual por parte de quienes cometen un delito. No lo digo yo, así está establecido en el Código Penal en términos de instigación, complicidad y coautoría. Ello no requiere ser reformulado con el presente dictamen congresal en mayoría, y menos se puede poner en tela de juicio porque es atentar contra principios que son inamovibles en el Derecho Penal.
La responsabilidad individual o colectiva es un tema que solo pueden resolver los jueces y los fiscales y no los congresistas, porque hacerlo como se pretende es un atentado al Estado de Derecho y la democracia. El verdadero problema se suscita cuando se utiliza como caparazón o fórmula de engaño un partido político de fachada o pantalla, abusando de las sanas expectativas ciudadanas y de su buena fe, menoscabando y deteriorando la creencia de que la democracia es transparencia.
Hablamos no solo de traicionar a los electores que confían en sus elegidos para que los representen y aboguen por ellos, sino de encubrir de forma sistemática, premeditada, dolosa y amañada, toda una serie de actividades partidarias internas que siempre terminan convirtiéndose en delitos. Bajo el mito de la democracia y con ayuda de la impunidad, se esconden intereses espurios, soterrados, mercantiles y egoístas de algunos malos políticos en contra de la democracia.
Responsabilidad asociativa
El igualdad de condiciones a cualquier empresa mercantil o asociación aparentemente sin fines de lucro, un partido político también puede ser utilizado con fines criminales, como lo verifica la sinuosa historia de la corrupción en el Perú, en todos los actos de corrupción a lo largo de nuestra historia, al revés o al derecho, siempre ha mediado un partido político como la mejor manera de corromper o encubrir. Los partidos políticos, como personas jurídicas, sin perjuicio de las responsabilidades penales personales o individuales que ese es otro tema, también han resultado responsables cuando ha mediado dolo y premeditación en las cúpulas partidarias para la realización de delitos a través de su representada.
No lo señalo yo, sino así lo establece nuestro Código Penal respecto a las denominadas “consecuencias accesorias”, que son fórmulas intermedias entre la sanción penal y la administrativa, a través de las cuales un juez penal, una vez que se ha comprobado por medio de un juicio penal la participación de un partido como asociación, se le aplica una sanción, que puede ser la clausura de los locales en donde opera el partido con carácter temporal o definitivo; la disolución o liquidación del partido político por su intervención criminal; la suspensión de sus actividades por un plazo determinado dependiendo de la gravedad de lo acontecido; la prohibición de que pueda continuar realizando actividades políticas o partidarias; el pago de una multa como sanción; e incluso se disponga su intervención en salvaguarda del mismo partido y sobre todo de los partidarios.
Partidos políticos ejemplares
Los partidos políticos como uno de los paladines sobre los que descansa la democracia, por cuestión de principios en un país en donde la corrupción marca las pautas, deberían ser el ejemplo más válido de lo que implica la transparencia, el buen gobierno y la lucha contra la impunidad.
Son y deben ser una cantera de ética partidaria y moral política ejemplar, tanto en el sentido amplio respecto a la sociedad, como restringido a su interior. Los partidos políticos deben ser el ejemplo para una sociedad, con mayor énfasis para una nación que vive inmersa y atravesada por la corrupción en todos los sentidos.
Cualquier restricción que pretenda recortar las atribuciones que se establecen en el Código Penal para evitar que un partido político pueda ser sancionado una vez que se ha comprobado su participación en corrupción y lavado de activos, implica un grave retroceso democrático.
De esta manera, se explica algunas de las razones por las que todos o casi todos los expresidentes de los últimos años aparecen relacionados con la corrupción. Me refiero a los partidos políticos como la correa de transmisión de la corrupción.