En un reportaje emitido por el “Programa periodístico Enfoques”. La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto ha dado un giro crucial en una investigación que sacude el sistema notarial de San Martín. Bajo sospecha están ex trabajadores de la defenestrada notaría Becerra Hernández de Picota y, en el centro de la tormenta, el notario Luis Enrique Cisneros Olano.
La pesquisa, que incluye delitos como falsedad documental, falsedad ideológica, banda criminal, receptación agravada y acceso ilícito, plantea interrogantes serios sobre la posible complicidad u omisión impropia por parte de Cisneros Olano, figura ya conocida en el ámbito judicial por denuncias previas que, curiosamente, han terminado archivadas.
El Ministerio Público lo investiga ahora por comisión por omisión, prevista en el artículo 13 del Código Penal, lo cual implica que, aunque no habría ejecutado directamente los delitos, sí tenía el deber legal de impedirlos. Las acciones delictivas habrían ocurrido incluso dentro de su propia notaría, utilizando recursos como equipos informáticos, firmas biométricas y sistemas de seguridad digital, vulnerados para facilitar actos fraudulentos.
El escándalo se remonta a la notaría Becerra Hernández, en Picota, durante la ausencia del notario titular por motivos de salud. En ese periodo, Cisneros Olano asumió la responsabilidad del despacho, y bajo su supervisión trabajaron los hoy investigados Gesell del Castillo Rodríguez y María Nátaly Izabedra Tuesta, sindicados como miembros de una presunta banda criminal dedicada a falsificar documentos y suplantar identidades, da cuenta el reportaje.
La gravedad del caso no solo radica en la cadena de delitos, sino en el cuestionamiento a la integridad de un notariado que, lejos de blindar la fe pública, se habría convertido en su amenaza. La investigación ha revelado un entramado delictivo complejo, con al menos cinco hechos punibles diferenciados:
Organización criminal: Operaba dentro de la notaría, prestando servicios notariales irregulares y falsificando firmas.
Falsificación de documentos: Incluyendo documentos en perjuicio de la empresa Rail Provincia Inca.
Falsedad ideológica: Permitiendo la circulación de vehículos con placas clonadas, tras insertar declaraciones falsas en actas notariales.
Receptación agravada: Venta de vehículos a precios irrisorios, sabiendo o debiendo presumir su procedencia ilícita.
Acceso ilícito a sistemas informáticos: Suplantando identidades mediante el uso de firmas biométricas, todo dentro de la notaría Cisneros.
Todo esto pone en jaque no solo a los involucrados, sino a las instituciones que deberían fiscalizarlos: el Colegio de Notarios de San Martín, la SUNARP y hasta el propio Ministerio del Interior, todos mencionados como víctimas en esta investigación.
«Cuando la fe pública se falsifica: El caso que sacude al sistema notarial»
La comunidad espera que esta vez el Ministerio Público actúe con acuciosidad y eficacia, rompiendo el patrón de archivamientos reiterados que han beneficiado a Cisneros Olano. La acción procesal del notario no es menor: su firma otorga legalidad, certeza y confianza a los actos jurídicos de la sociedad. Cuando esa fe pública se corrompe, la seguridad jurídica tambalea.
Cabe preguntarse: ¿cómo es posible que simples trabajadores accedieran a sistemas y claves bajo responsabilidad exclusiva del notario? ¿Fue negligencia o complicidad?
Mientras las diligencias fiscales avanzan – incluyendo la incautación de celulares y revisión de videovigilancia -, la población observa con escepticismo, pero también con esperanza. La confianza pública no debe ser un papel que se firma: debe ser un principio que se honra.