La ‘Operación Valkiria’ es parte del caso denominado ‘La fiscal y su cúpula de poder’, que investiga a Jaime Villanueva, Miguel Angel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza, quienes habrían «instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio propio».
De acuerdo con el Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú en apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, esta presunta organización criminal se mueve en tres diferentes ejes.
Primero, se habría pretendido influir de manera ilícita en las decisiones de congresistas de la República para que destituyan a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a través de un procedimiento constitucional. Ello, debido a que la JNJ investiga a Patricia Benavides y podría, eventualmente, suspenderla. En contraprestación, la fiscal de la Nación archivaría una serie de denuncias de carácter penal por corrupción en favor de los mismos congresistas.
Segundo, habrían influido en la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, quien constitucionalmente presidiría una eventual comisión especial para seleccionar a nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia a fin de que Benavides pueda permanecer en lo más alto de la cúpula de la dirección administrativa del Ministerio Público.
Tercero, habrían promovido la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos mediante un proceso constitucional en el Congreso. El apoyo con votos por parte de los parlamentarios sería pagado con un favorecimiento en las investigaciones que cuentan con resolución pendiente en la Fiscalía de la Nación.
