Por: Ernesto Calderón Neyra

Pdta. Independiente

Lo ocurrido con la franja electoral ya no puede explicarse como un error administrativo ni como una mala decisión de campaña. Estamos ante un patrón sistemático de uso del dinero público para beneficiar redes políticas, empresariales y mediáticas que giran alrededor de los partidos. La franja electoral se ha convertido en el botín más rentable de una política sin proyecto y sin vergüenza.

Millones de soles del Estado están siendo dirigidos a canales vinculados a los propios candidatos o a sus entornos de poder. No por criterios de audiencia, ni por impacto comunicacional, sino por conveniencia política. Lo que se presenta como publicidad electoral es, en los hechos, una transferencia de recursos públicos a medios amigos.

El caso del partido de Carlos Álvarez es solo uno más dentro de un esquema mucho más amplio: partidos que concentran hasta el 100% de su presupuesto en un solo medio, empresas de comunicación sin trayectoria nacional recibiendo más dinero que cadenas consolidadas, y agrupaciones sin opción real de pasar la valla electoral que invierten millones en canales regionales con mínima fiscalización.

La franja como negocio, no como democracia

Este sistema ha generado un incentivo perverso: no se compite para gobernar, se compite para cobrar. La franja ya no sirve para informar al ciudadano, sino para financiar estructuras políticas débiles, sin ideología y sin responsabilidad pública.

Peor aún, se normaliza que partidos contraten medios vinculados a sus propios líderes. Es como si el Estado financiara propaganda en empresas de los mismos beneficiarios. Eso no es pluralismo: es conflicto de intereses.

La ONPE administra este mecanismo, pero no controla la ética de su uso. La Contraloría observa desde lejos. El Ministerio Público calla. Y el Congreso, que debería legislar para cerrar este agujero, es parte del problema.

Una democracia capturada por el dinero

El escándalo no es solo financiero. Es político. Revela que gran parte del sistema partidario existe para sobrevivir del presupuesto público, no para representar a la ciudadanía. Así se explica por qué aparecen decenas de candidaturas sin base social, sin programas claros y sin compromiso con el país.

La política se ha convertido en una industria: inscripción de partidos, captura de fondos públicos, alianzas con medios y reciclaje de candidatos. Todo bajo una legalidad formal que esconde una profunda corrupción moral.

Mientras millones de peruanos trabajan para pagar impuestos, los partidos reparten cerca de 80 millones de soles en propaganda inútil, en sonrisas falsas y en spots que nadie cree. No es inversión democrática: es despilfarro institucionalizado.

Responsables hay, pero nadie responde

Los partidos dicen que no sabían. Los candidatos dicen que no firmaron. Los medios dicen que solo venden espacios. Y el Estado dice que todo es legal. Pero cuando todos se declaran inocentes, la corrupción se vuelve estructural.

No basta con anunciar investigaciones internas ni con amenazar renuncias. Lo que se necesita es sanción política y penal. Prohibición expresa de contratar medios vinculados a dirigentes partidarios. Publicación inmediata de todos los contratos. Y una reforma radical del financiamiento electoral.

El silencio ciudadano también es cómplice

Si este escándalo pasa como una anécdota más, se consolidará un modelo donde postular es sinónimo de lucrar y donde la democracia es solo una excusa para repartir dinero público entre pocos.

No estamos ante un problema técnico. Estamos ante un problema de poder. La franja electoral ha sido capturada por intereses privados con rostro político. Y cuando la política se convierte en negocio, el país se convierte en víctima.