No es nuevo. Tampoco es casual. Cada proceso electoral en la región San Martín trae consigo el mismo libreto: promesas rápidas, ofertas sin sustento técnico y un peligroso canje de votos por territorio, por bosque y por agua.

Esta vez, con miras al proceso electoral 2026, el escenario vuelve a repetirse, y el Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM) vuelve a ser utilizado como moneda de cambio por candidatos que, hasta hoy, no han propuesto una sola idea sería para la defensa del medio ambiente regional.

El reciente pronunciamiento del Comité de Gestión del Bosque de Protección Alto Mayo 2025–2027, presidido por el Ing. M.Sc. Percy Martínez Dávila, no deja lugar a interpretaciones ambiguas. El documento advierte que diversas ofertas electorales vienen poniendo en riesgo la integridad del BPAM, un área natural protegida creada mediante la Resolución Suprema N° 0293-87-DGFF-AG y administrada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

El BPAM no es un bosque más. Es la principal garantía de seguridad hídrica para miles de familias del Alto Mayo y la región, protege y abastece a cuencas hidrográficas, resguarda una de las mayores diversidades biológicas de la Amazonía peruana y sostiene actividades agrícolas, industriales y de consumo humano. Sin embargo, su valor estratégico parece diluirse cada vez que la campaña electoral entra en calor.

Según el Comité de Gestión, candidatos al Congreso de la República, al Gobierno Regional y a municipalidades provinciales y distritales vienen ofreciendo caminos, ampliaciones de vías, habilitaciones agrícolas y electrificación dentro del BPAM, propuestas que carecen de sustento técnico y normativo, pero que resultan atractivas para sectores vulnerables de la población. Detrás de estas promesas se esconde una amenaza mayor: migración desordenada, tráfico de tierras, invasión de zonas frágiles, deforestación y conflicto social.

Las amenazas vigentes contra el bosque no son hipotéticas. El pronunciamiento enumera presiones crecientes por tala ilegal, ocupación informal, expansión de la frontera agrícola y la acción de sectores minoritarios que distorsionan la normativa ambiental para justificar actividades ilícitas. Todo ello debilita la gobernanza ambiental, rompe la convivencia pacífica y pone en riesgo un patrimonio natural que, por ley, debe mantenerse a perpetuidad, tal como lo establece la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas.

El Comité es claro y frontal: promover obras dentro del BPAM no es desarrollo, es incentivar delitos, tipificados incluso en el Capítulo XIII del Código Penal. Aun así, el silencio de muchas autoridades en ejercicio y la irresponsabilidad de quienes hoy están en campaña refuerzan la sensación de impunidad y abandono institucional.

Y la justicia ¿qué hace?

Y aquí surge una pregunta que sigue sin respuesta y que la ciudadanía no ha olvidado: ¿qué fue del proceso contra quienes alguna vez torturaron a un fiscal, a policías y a guardaparques en defensa del bosque? ¿Fue la carga procesal la excusa perfecta? ¿La Fiscalía jamás se pronunció? ¿O el expediente terminó archivado en algún escritorio, lejos del escrutinio público?

Llamado a la fiscalía

El reclamo es directo y legítimo. Señor presidente de la Junta de Fiscales, es momento de escucharle. Le guste o no la prensa, usted también es un servidor público, y parte esencial de su función es comunicar, rendir cuentas y explicar por qué los delitos ambientales parecen quedar atrapados en un limbo judicial mientras los bosques siguen perdiendo hectáreas.

El Comité de Gestión del BPAM ha exhortado a los candidatos del proceso electoral 2026 a abstenerse de ofrecer intervenciones dentro del área protegida, a incorporar propuestas claras de conservación, protección de microcuencas, defensa de la biodiversidad y fortalecimiento de la gestión participativa. También ha demandado que cualquier propuesta de desarrollo se base en sostenibilidad, ordenamiento territorial y respeto irrestricto de la ley.

El mensaje final no admite negociación política ni cálculos electorales: el Bosque de Protección Alto Mayo no es negociable. No puede ser dividido, recortado ni sometido a intereses coyunturales. Su integridad es un mandato legal, ambiental y ético, y cualquier intervención que lo afecte constituye delito.

Hoy, cuando ningún candidato ha puesto al medio ambiente de San Martín en el centro de su discurso, es momento de retarlos, de quitarles la máscara y exigir propuestas reales. Porque la historia se repite solo cuando la memoria se debilita, y el bosque ya ha pagado demasiado el costo de la demagogia.