Podríamos tener ocho presidentes en una década

El Congreso de la República discutirá este martes 17 de febrero la eventual destitución del mandatario interino José Jerí, en un nuevo episodio que podría convertir al Perú en un caso extremo de fragilidad institucional: ocho presidentes en apenas diez años.

La escena no es nueva. Desde que Ollanta Humala (2011-2016) culminó su mandato, ningún jefe de Estado ha logrado completar el periodo constitucional de cinco años. La permanencia promedio pasó de 4 años y 18 días en el siglo XX a apenas 2 años y 5 meses en el siglo XXI, una cifra que refleja el deterioro de la estabilidad política.

José Jerí asumió la banda presidencial hace solo cuatro meses, en su condición de presidente del Parlamento, tras la destitución de Dina Boluarte. En sus primeras semanas, su gestión pasó relativamente desapercibida y logró cierta aceptación al priorizar la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, ese breve respiro político se desvaneció rápidamente ante la aparición de nuevos escándalos que hoy lo colocan al borde de la censura.

Las investigaciones fiscales marcaron el punto de quiebre. Se revelaron reuniones semiclandestinas entre el mandatario y empresarios chinos, incluida una cita en la que habría acudido encapuchado a un restaurante vinculado a uno de ellos. Estos hechos motivaron que la Fiscalía abriera una investigación por patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado, generando una ola de cuestionamientos sobre la transparencia en el ejercicio del cargo.

El informe periodístico que detonó la crisis detalla además presuntos nombramientos “relámpago” en el entorno presidencial. Alicia Camargo Leiva, actual comisionada de Protocolo, visitó el despacho presidencial el 14 de octubre de 2025 y fue contratada apenas tres días después bajo el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG); registra 17 viajes oficiales junto al mandatario.

Situación similar se observa en el caso de Fiorela Melgarejo Sánchez, quien acumuló siete viajes oficiales tras reuniones previas con Jerí. También figuran Susana Gutiérrez Rivera, con ocho vuelos —incluido uno a Quito—, y Rosa Rueda Yaya, quien obtuvo su título de abogada en noviembre de 2025 y un mes después ya ejercía como analista administrativa en el despacho presidencial.

La polémica creció con versiones de prensa que indican que al menos cinco mujeres jóvenes habrían obtenido contratos estatales tras reuniones privadas con el mandatario en Palacio de Gobierno, una de ellas después de permanecer allí durante la noche de Halloween. Aunque no se han determinado responsabilidades penales, la percepción pública ha sido devastadora.

Ante estas revelaciones, se presentaron mociones de censura que lograron reunir 78 firmas de los 130 congresistas. Al tratarse de un parlamentario que ejerce interinamente la Presidencia, su salida podría concretarse con la mitad más uno de los votos en el pleno. La sesión decisiva se realizará en el Parlamento y, de prosperar la censura como presidente del Congreso, Jerí quedaría automáticamente impedido de continuar como jefe de Estado.

El jefe interino del Legislativo, Fernando Rospigliosi, recordó el mecanismo constitucional: “El Congreso pasa a elegir inmediatamente un nuevo presidente del Congreso que, automáticamente, se convierte en presidente de la República”. De concretarse la destitución, el país sumaría un nuevo mandatario que gobernaría apenas cinco meses, hasta el cambio de mando.

Todo ocurre a menos de dos meses de las elecciones generales convocadas para el 12 de abril, proceso en el que se elegirá presidente y un nuevo Parlamento. Un eventual balotaje está previsto para junio. Paradójicamente, varios partidos que respaldaron la llegada de Jerí al poder hoy buscan distanciarse para no cargar con el costo político de su impopularidad.

La reiteración de destituciones y gobiernos efímeros ha instalado una preocupante banalización del poder. La Presidencia de la República, lejos de representar un proyecto de Estado con continuidad, parece haberse convertido en una estación transitoria marcada por cálculos coyunturales. La crisis política ha sumido al Perú en una espiral de inestabilidad, afectando la continuidad de políticas públicas y debilitando sectores estratégicos como economía, educación, justicia y salud.

Más que un simple relevo presidencial, lo que está en juego es la credibilidad del sistema democrático. Si prospera la censura contra José Jerí, el país no solo sumará un nuevo nombre a la lista de mandatarios fugaces; confirmará, una vez más, que la institucionalidad peruana sigue atrapada en una trituradora política que devora presidentes, promesas y la confianza ciudadana. Por: Beto Cabrera Marina