Ericka Sandy, presidente de la Mancomunidad de Cámaras de la Amazonía:
«Tenemos apenas un 8% formal y no puedes seguir ahogándolo, de lo contrario, se puede volver informal; para cancelar servicios eran 60 días que tenían que pagar, creo que la prestadora de servicio eléctrico, tiene que pensar por qué están anulando al pequeño emprendedor, eso no lo podemos permitir
Loreto tiene un 50% de crédito fiscal a sus productos, San Martín perdió, tenía cero. Ucayali y Amazonas tienen 25%.
¿Quiere decir, qué te va a permitir?
Va a permitir que tus productos que tengan valor agregado al ser transformados en la región, con el crédito fiscal, solamente pagaría el 25% del IGV. Y el resto, el 75%, permite invertir en transformación, equipos, en lo que necesiten para implementarse.
Entonces, si en San Martín se transforma los productos y los sacabas de la región, a cualquier zona fuera del ámbito de San Martín, inmediatamente se tenía que pagar IGV. Con este tema del crédito fiscal, solamente se pagaría el 25% de ese IGV. Y el resto, el 75%, permite para invertir en transformación, equipos, en lo que ellos necesiten.
Como cacaotero o cafetalero, si saco el producto en grano, ¿tengo beneficio?
En pasta tienes beneficio, igual el café, si le saco molido, procesado, tienes beneficio. Es decir, hay que darles valor agregado a nuestros productos, antes pagábamos todo el IGV, eso nos jugaba en contra. En cambio, las demás regiones amazónicas, Loreto tiene el 50%, el otro 50% les permite a sus empresas transformar sus productos. San Martín no tenía nada. Entonces, esto va a permitir al emprendedor que pueda invertir en sus fábricas o plantas, es incentivar la transformación
Ahora, si como empresa de servicios compro un equipo que va a ser empleado en la región, ¿gozo de ese beneficio?
No, este impuesto, este crédito fiscal es a la venta, no es a la compra.
¿Qué otros sectores nos benefician con esta ley en San Martín?
El sector agroindustrial. Ahora, ojo, está aprobación se ha dado en el Congreso. De ahí tiene que aprobar el Ejecutivo, esperamos que lo apruebe. San Martín no tiene este crédito fiscal y no permite que los pequeños emprendimientos puedan despegar. Es una inyección fuerte, bastante importante…esto tiene que ser aprobado ahora en el ejecutivo, acuérdate que estos cambios solamente se hacen una vez al año, que es en enero del 2025, tendría que entrar en vigencia.
Entonces, unir fuerzas sanmartinenses.
Pues claro que sí, hacer sentir nuestro planteamiento que es justo con el emprendedor sanmartinense.
¿Y por qué no sacar una cita, con el ministro de Economía y Finanzas?
En esa dirección vamos, queremos llegar a la Mesa con el ministro de Economía y Finanzas.
Habrá que empujar el carro, hacer entender en ese nivel que las competencias no son iguales en la Amazonía
Por supuesto, las reglas de juego son distintas, tienes empresas muy grandes, en Ucayali, en Loreto, y estas sí tienen una devaluación al caso de Loreto del 50%. En el caso de Ucayali, tienen el 25%. Nosotros en San Martín que tenemos una mínima transformación, porque no tenemos nada.
¿Y encima estamos oprimidos por la SUNAT, SUNAFIL?
Exacto. No pueden ser ¿Cuánto beneficiaría esto a las asociaciones de los cacaoteros, cafetaleros, de palmito? Acuérdate que hay un modelo de asociatividad que también a ellos les favorecería. ¿Por qué no quieren transformar? ¿de dónde van a tener dinero? Y encima te va a venir la DIGESA, peor. ¿Cómo voy a invertir en mi planta todos los requisitos que te pueden generar ingresos a nivel de exportación?
Así las cosas, es el propio estado que nos está empujando a la informalidad, ¿además, tienes una empresa de servicios para-estatal que no paga a sus proveedores?
Creo que debemos exigir hacer que se cumplan sus compromisos. Justamente por ello es que tenemos a nivel de toda la Amazonía, un 92% de informalidad, según Data del mismo ministerio de producción, del mismo viceministro de pymes. 92% de informalidad. O sea, tenemos un 8% que no puedes seguir asfixiando, tienes que ayudar, de lo contrario ese 8% se puede volver informal. Para cancelar servicios eran 60 días la cancelación por un servicio y se les tenía que dar la factura y tenían que pagar, creo que las prestadoras de servicio de electricidad, tienen que pensar en el emprendimiento, están anulando al pequeño emprendedor, eso no lo podemos permitir.
Es una pena que el propio Estado esté firmando la partida de defunción de muchos emprendimientos, el Estado y su burocracia que no deja avanzar
Produce dice una cosa, MINSA dice otra cosa, economía dice otra cosa. Entonces ahí donde no conversan. Es como si hubiese competencia entre ellos mismos. Y ya ni vayamos a los gobiernos regionales y provinciales.