La otra mirada del conflicto social en el país
“La paz es hija de la convivencia, de la educación, del diálogo. El respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente.”
Rigoberta Menchú Tum, líder indígena Premio Novel de La Paz 1992
Todo tiene su correlato en la profunda desigualdad entre lo urbano y lo rural, especialmente en el ande peruano, producto de un mono sistema de gobierno que obliga a actuar y pensar de una sola forma; una sola religión oficializada en las escuelas, un solo calendario escolar para todo el país, sin tomar en cuenta las causas: estructurales o idiosincrasias, los imperativos territoriales, históricos, culturales, religiosos. Aunado a eso, no se ha tomado en cuenta las sistemáticas decepciones políticas, los vacíos de poder, la ausencia de consensos y de liderazgos.
Esta crisis ha puesto de manifiesto al Perú como un país con una brutal discriminación; muchos “desadaptados” ven al andino como ciudadano de segunda clase porque para estos “prehistóricos” la piel cobriza, la baja talla, el cabello lacio e hirsuto, los pómulos salientes no se ajusta a sus estereotipos impuestos por la alienación.
Esta discriminación viene de la casa, de las familias, de las prácticas sociales entre las personas y se convierte en un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.
En este escenario se pone en relieve desde un sector de la población un enérgico rechazo al rumbo autoritario que viene adoptando el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola que ha dejado un saldo doloroso de 55 compatriotas fallecidos y más de 1200 heridos.
El hecho de que al siguiente día de la muerte de decenas de ciudadanos se haya presentado al congreso el Gabinete Otárola con los mismos ministros de Defensa y del Interior, muestra un gobierno sin rectificación ni reconocimiento de los abusos, resulta claro según este sector de la población que, estos no son hechos aislados sino la conducta de un gobierno que marcha hacia el autoritarismo. El Congreso tampoco cumplió su rol de representación y defensa de derechos fundamentales observando o interpelando.
Hay otro sector mayoritario de la población que aprueba las acciones del gobierno para restablecer el principio de autoridad, que entiende que hay grupos violentos y antidemocráticos interesados en que la confrontación escale y así socavar la democracia.
Grupos que han cometidos actos bárbaros que condenamos, como quemar a un efectivo PNP, incendiar edificios públicos, ingresar a incendiar y hacer destrozos en las mineras. Hay que diferenciar entonces a los unos que consideran sus demandas legítimas y los otros que solo quieren el caos y el retorno de la guerra popular. Aquí el Estado tiene que separar la paja del trigo; reconocer la protesta legítima y el delito en el marco de la ley.
Optar por la senda de la guerra y la represión indiscriminada, aseguraría una fractura profunda en el país, sería una posibilidad de los extremistas de intentar demostrar que no hay salidas democráticas posibles.
Según cifras oficiales, el estallido social ecuatoriano de 2019 causó 6 fallecidos; el de Chile ese mismo año 34; el de Colombia el 2021 produjo 29 muertos. El Perú, en seis semanas del gobierno, cuenta 55 fallecidos sin que se asuma responsabilidad política por ello. Yo no acepto la muerte de ninguno de los caídos porque uno de ellos podría haber sido un hijo mío.
En resumen, hay una crisis de valores, crisis del modelo de sociedad, que debemos evaluar, reflexionar y plantearnos un norte, construyendo una propuesta que ayude a canalizar las energías de la sociedad, que nos permita orientar a las nuevas generaciones con honestidad. “Hay que unirse no para estar juntos, sino para hacer algo juntos”. El éxito no se mide sólo por lo que se logra sino por los obstáculos que se superan.