El 2025 ha revelado una crisis alarmante en el Perú, especialmente en la región San Martín, donde el embarazo infantil forzado se mantiene como una de las más graves expresiones de violencia contra niñas y adolescentes. Las infografías elaboradas por CLADEM Perú y PRODEMU exponen una realidad de vulnerabilidad y desamparo que exige una respuesta urgente y coordinada del Estado y la sociedad civil.

Entre enero y setiembre de 2025, el Perú registró 626 partos de niñas menores de 14 años, según el análisis de ambas organizaciones. De este total, 40 casos corresponden a la región San Martín, una cifra que, aunque menor en cantidad, resulta devastadora en proporción y refleja la falta de mecanismos eficaces de prevención y protección.

El informe evidencia una tendencia de incremento sostenido en el número de partos de niñas. En el ámbito nacional, los casos pasaron de 34 en enero a 103 en agosto, manteniéndose en la misma cifra durante setiembre. En San Martín, los registros fluctuaron entre 1 y 8 casos mensuales, cerrando setiembre con 5 partos de niñas de entre 11 y 14 años.

De los 40 partos reportados en la región durante los primeros nueve meses del año, 31 niñas tenían secundaria incompleta, 8 primaria completa y 1 primaria incompleta, lo que evidencia una clara relación entre nivel educativo, pobreza y vulnerabilidad. Estas cifras, más allá de lo estadístico, reflejan historias de violencia sexual, abandono institucional y silencios impuestos.

Frente a esta realidad, organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas exigen medidas urgentes. Subrayan que el embarazo infantil forzado constituye una forma de tortura, y que la etiqueta #EmbarazoInfantilEsTortura debe convertirse en un llamado nacional a la acción.

Los especialistas coinciden en que la respuesta del Estado debe ser integral y sostenida, abarcando la prevención, atención y sanción. En primer lugar, se debe garantizar la atención inmediata a las víctimas de violencia sexual, con acceso al kit de emergencia, que incluye la anticoncepción oral de emergencia (AOE), pruebas para VIH y hepatitis, y orientación sobre el aborto terapéutico conforme a la ley.

Asimismo, demandan fortalecer el acceso a la justicia, con procesos ágiles y sanciones efectivas contra los agresores, evitando la impunidad. También insisten en la necesidad de promover canales de denuncia accesibles y seguros, como la Línea 100, el Chat 100, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y las comisarías, además de la creación de redes comunitarias de protección.

En el ámbito educativo, piden implementar programas de educación sexual integral con enfoque de género en todas las escuelas, como una herramienta fundamental para prevenir la violencia sexual y empoderar a niñas y adolescentes.

El embarazo infantil forzado sigue siendo una herida abierta en el país, una forma de violencia que destruye infancias y perpetúa la desigualdad. Cada caso representa una niña cuyo futuro fue arrebatado por la violencia y la indiferencia.

La consigna “Niñas, no madres” debe dejar de ser un lema para convertirse en una política de Estado y un compromiso social efectivo que garantice justicia, protección y reparación para cada víctima.