Bajo el argumento de “mano dura” y sin un sustento técnico conocido, la propuesta revive fantasmas del pasado y evidencia la ausencia de políticas integrales de seguridad y desarrollo para la Amazonía peruana.

El líder de Rafael López Aliaga de Renovación Popular, volvió a poner en agenda una propuesta que ha generado polémica nacional: la construcción de una cárcel en la selva peruana donde serían trasladados condenados por corrupción, violencia sexual y extorsión, quienes vivirían en “carpas militares” y levantarían ellos mismos los muros y cercos perimetrales con madera local, “sin gasto para el Estado”, según sus propias palabras.

Durante una rueda de prensa en Pucallpa, aseguró que existen “lunares” en la Amazonía —zonas sin vegetación por fallas geológicas— donde podría instalarse una “colonia de rehabilitación”.

En declaraciones previas, incluso señaló que los detenidos en flagrancia podrían ser enviados “inmediatamente en helicóptero a la selva más profunda del Perú”, donde – según describió – la “shushupe” actuaría como “barrera natural”.

La Amazonía no es un desierto demográfico ni un territorio sin derechos; es hogar de comunidades indígenas, áreas naturales protegidas y una biodiversidad estratégica para el país y el planeta.

Convertir la selva en instrumento de castigo no solo simplifica el debate sobre inseguridad ciudadana, sino que desplaza la discusión de fondo: la reforma estructural del sistema penitenciario, hoy marcado por hacinamiento, corrupción interna y falta de programas reales de reinserción.

En lugar de presentar a la Amazonía como un espacio de confinamiento natural, el país necesita propuestas que la integren al desarrollo sostenible.

Una alternativa viable y productiva pasa por fortalecer polos de bioeconomía, impulsar infraestructura sostenible, promover educación técnica especializada en recursos forestales y agroindustria, y consolidar cadenas de valor que generen empleo formal en regiones históricamente postergadas. La selva no puede seguir siendo tratada como territorio de castigo o frontera de descarte estatal; debe ser eje de inversión estratégica en ciencia, conectividad y conservación.

La selva no es el patíbulo del Perú. Es uno de sus mayores patrimonios y, bien gestionada, puede ser motor de desarrollo, no escenario de castigo.