Según elMinisterio del Interior, a agosto de2025, solo un tercio de las comisarías de la región está en buen estado y más de la mitad no cuenta con servicios básicos
En las entrañas de la selva de San Martín, donde nacen los ríos que dan vida a toda una región, la extracción ilegal amenaza la paz social y devastar para los frágiles ecosistemas de las cabeceras de cuenca.
San Martín atraviesa una de sus crisis de seguridad y sostenibilidad ambiental de los últimos tiempos, sofocada por el embate silencioso de la minería ilegal y la violencia criminal. Según revelan las cifras del INEI, la inseguridad ciudadana se ha consolidado como el principal problema del país para el 64% de los peruanos,
La región San Martín no ha quedado impune ante este fenómeno. Entre enero y setiembre de2025, las denuncias por hechos delictivos escalaron vertiginosamente a869 por cada 100 mil habitantes, lo que representa un aumento del 28.3% en comparación con el mismo periodo de 2019. Este deterioro social se refleja de forma sanguinaria en los delitos de extorsión, los cuales registraron16 denuncias por cada 100 mil habitantes, casi cinco veces más que en 2019, mientras que las denuncias por homicidio subieron un 33.2%, alcanzando 4 por cada 100 mil habitantes.
El verdadero catalizador de esta espiral de violencia es el avance de la minería ilegal.
Entre enero y agosto de 2025, el Ministerio Público registró 4 denuncias por cada 100 mil habitantes vinculadas a delitos de minería ilegal, cifra que cuadruplica los niveles registrados en 2020 (se cuadruplicaron en los últimos cinco años) y bordea peligrosamente el promedio nacional de 5.
En el distrito de Tabalosos, provincia de Lamas, se tenía previsto explorar el proyecto de cobre y plata San Martín, el primer esfuerzo minero formal de la región con una inversión de US$ 4.2 millones. No obstante, ante la falta de autorizaciones y la creciente conflictividad, el proyecto fue retirado de la cartera en 2025. Paradójicamente, la minería ilegal tomó fuerza sin freno: en Lamas, las denuncias por minería ilegal se triplicaron en los últimos cinco años, al tiempo que las extorsiones se dispararon de 0 a 9 por cada 100 mil habitantes.
La expansión incontrolada de la minería ilegal no solo dinamita la paz social, sino que provoca unimpacto social y ambiental catastrófico en San Martín, generando un altopeligro en cabeceras de cuenca, donde la contaminación por mercurio y la deforestación amenazan con envenenar las fuentes naturales de agua dulce que abastecen a miles de familias y cultivos.
Frente a este panorama la respuesta institucional brilla por su ausencia. Se constata una preocupante y débil presencia policial, del Ministerio Público y una total ausencia de interdicción policial en puestos de control estratégicos de las carreteras y accesos fluviales. Pese a que el presupuesto destinado a orden público y seguridad aumentó un 69.6% ajustado por inflación entre 2024 y 2025, la región solo había ejecutado el 66% de estos fondos al cierre del tercer trimestre.
La desatención es alarmante: según datos del Ministerio del Interior, a agosto de 2025, solo un tercio de las comisarías de la región está en buen estado y más de la mitad no cuenta con servicios básicos adecuados, dejando a las fuerzas del orden desarmadas y vulnerables ante la criminalidad organizada. Para rescatar a la población y proteger nuestro patrimonio natural, la PNP, el Ministerio Público y los gobiernos subnacionales deben articular una estrategia inmediata mediante la cooperación público-privada a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para modernizar las comisarías y garantizar presencia constante en el territorio.
Sin un Estado firme que imponga el principio de autoridad en nuestras carreteras y ríos, la codicia de la minería ilegal continuará contaminando y extinguiendo la vida en las aguas, los bosques y la paz de San Martín.
