En la región San Martín, más de la mitad de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia.

En entrevista con VOCES, la activista Elvira Angulo Tuesta, responsable regional del proyecto “Mujeres Organizadas de San Martín y Lamas por el derecho a una vida libre de violencias y el derecho al cuidado”, advierte que el problema persiste pese a algunos avances y llama a transformar la tolerancia social hacia la violencia, fortalecer la educación y exigir propuestas claras a las autoridades.

La violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los problemas sociales más persistentes en la región amazónica. Para Elvira Angulo Tuesta, responsable regional del Proyecto Mujeres Organizadas de San Martín y Lamas por el derecho a una vida libre de violencias y el derecho al cuidado, iniciativa impulsada por el Movimiento Manuela Ramos y la Asociación PRODEMU, las cifras revelan que el desafío aún es enorme.

Según explica, los datos más recientes de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), muestran que el 53.5 % de las mujeres entre 15 y 49 años en la región San Martín ha sufrido algún tipo de violencia, una cifra ligeramente superior al promedio nacional, que alcanza el 52 %.

Si bien los indicadores muestran una ligera reducción respecto a años anteriores, Angulo advierte que la situación dista mucho de ser alentadora. “Podríamos decir que algunos indicadores han descendido, pero al mismo tiempo encontramos otros aspectos donde la violencia se mantiene o incluso se incrementa”, señala.

Uno de los datos más alarmantes es el de los feminicidios. Durante el último año se registraron 130 feminicidios en el Perú, de los cuales tres ocurrieron en la región San Martín. A ello se suman otros fenómenos preocupantes como el embarazo en niñas menores de 14 años, que continúa siendo una expresión extrema de violencia sexual. En la región se registraron alrededor de 70 casos de niñas que ya son madres.

Las cifras también se reflejan en la atención institucional. Durante el 2025, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 6,836 casos de violencia en la región San Martín. De ese total, el 84 % de las víctimas fueron mujeres y el 16 % hombres. Los casos más frecuentes corresponden a violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y violencia económica.

Otro fenómeno que empieza a generar creciente preocupación es el de las mujeres desaparecidas, una problemática que cada vez recibe mayor atención por parte de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

Para Elvira Angulo, la violencia no solo es un problema individual o familiar, sino un obstáculo directo para el desarrollo de las comunidades y del país. “La violencia contra las mujeres afecta el desarrollo personal, pero también el desarrollo de una comunidad y de todo el país. Por eso todas las instituciones, desde el Estado hasta la ciudadanía, debemos asumir una responsabilidad en la prevención”, sostiene.

Uno de los factores más preocupantes es la tolerancia social hacia la violencia, un aspecto que también ha sido identificado por la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales. Según explica Angulo, todavía existen ideas arraigadas que justifican el maltrato. “Hay personas que consideran, por ejemplo, que si una mujer es infiel debe ser castigada por su pareja. Son pensamientos que reflejan claramente una tolerancia hacia la violencia”, advierte.

Este fenómeno atraviesa todas las clases sociales y territorios del país. “La violencia no es solo un problema de un lugar o de un sector. Está presente en la costa, en la sierra y en la selva. Allí donde alguien cree tener más poder, ese poder puede ser utilizado contra las mujeres”, afirma.

Frente a este panorama, la educación aparece como una herramienta clave para transformar la realidad. Para Angulo, es fundamental fortalecer la educación sexual integral desde la infancia, promoviendo valores de igualdad y convivencia respetuosa. “Las niñas y los niños deben aprender que pueden convivir pacíficamente y en igualdad. No hay ninguna razón para pensar que un hombre es superior a una mujer”, enfatiza.

La dirigente también pone especial atención en la situación de las mujeres de zonas urbano-marginales y comunidades nativas, quienes muchas veces permanecen invisibilizadas en el debate público. Precisamente por ello, las organizaciones Movimiento Manuela Ramos y PRODEMU vienen trabajando en diversos territorios de la región para fortalecer el liderazgo y la participación de las mujeres.

Entre las localidades donde se desarrollan estas acciones destacan Chazuta, Lamas y La Banda de Shilcayo, espacios donde se han impulsado procesos de formación en derechos de las mujeres e incidencia política. El objetivo es que las propias mujeres identifiquen los problemas de sus comunidades y presenten propuestas a las autoridades.

“Se ha trabajado para que ellas reconozcan problemas como la violencia contra las mujeres, el derecho al agua o el embarazo en niñas y adolescentes, y puedan presentar propuestas ante las autoridades. Es un proceso de empoderamiento”, explica.

En un contexto marcado por la campaña política rumbo a nuevos procesos electorales, Angulo considera fundamental que los candidatos incorporen estos temas en sus agendas. “Ahora toca escuchar a los políticos. Queremos saber qué propuestas tienen frente a la violencia contra las mujeres y qué soluciones plantean”, afirma.

La activista recuerda que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha que debe ir más allá de las celebraciones. Bajo el lema “Derechos, justicia y acción por todas las mujeres y las niñas”, la jornada representa también una oportunidad para reflexionar sobre las brechas que aún persisten.

En especial, destaca el rol de las mujeres de las comunidades amazónicas, a quienes describe como guardianas de la cultura, los saberes ancestrales y la biodiversidad. Muchas de ellas, además de sostener la vida comunitaria, trabajan en la agricultura, buscan generar ingresos propios y luchan por mejorar las condiciones de vida de sus familias.

“Este día también debe servir para reconocer a las mujeres de nuestras comunidades, que cuidan la biodiversidad, preservan la cultura y trabajan por el bienestar de sus hijos y de toda la comunidad”, concluye. Por: Beto Cabrera Marina