La ministra de Justicia, María Soledad Pérez Tello, lamentó que se haya impuesto el abuso de una fuerza política para retroceder en el ámbito de la garantía de los derechos, al aprobar la derogatoria del Decreto Legislativo 1323, referido a la violencia familiar y de género.
Afirmó que la referida normativa legal, dada por el Ejecutivo al amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, clarificaba las categorías protegidas contra la violencia, sin ningún tipo de exclusión. “Lo que se ha hecho es abusar de una fuerza política para retroceder en el ámbito de la garantía de los derechos.