Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han salido fortalecidas de la reciente reforma previsional aprobada en el Perú, pese a las protestas de cientos de trabajadores que denuncian que esta norma favorece más a las compañías que a los aportantes. Entre 2015 y 2024, las cuatro firmas que dominan el mercado —Integra, Prima, Profuturo y Habitat— acumularon S/4.757 millones de utilidades, es decir, más de S/400 millones anuales, incluso en años de crisis como el 2020, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
El contraste es notorio: mientras las AFP obtuvieron ganancias sostenidas, los fondos de los trabajadores registraron pérdidas significativas. En 2022, la cartera total cayó en S/27.400 millones respecto al año anterior. La rentabilidad real promedio del Fondo 2, que concentra a la mayoría de afiliados, fue apenas 2,45% en la última década; el Fondo 1 llegó a 1,71%, el Fondo 3 a 1,48%, y el Fondo 0 —creado en 2016— apenas 1,02%. Para el economista Eduardo Recoba Martínez, estos resultados son “demasiado bajos”. “Un plazo fijo te paga el doble, y ni hablar de las cajas [municipales] que son más atrevidas. No puede ser que otros fondos en mercados globales rindan 10 veces más que las AFP aquí”, advirtió.
La publicación del reglamento de la reforma el pasado 5 de septiembre motivó manifestaciones en el centro de Lima. Entre las disposiciones más rechazadas se encontraban la obligatoriedad de afiliación al sistema previsional desde la mayoría de edad, el aporte inicial del 2% de ingresos de los trabajadores independientes, y la restricción al retiro del 95,5% de los fondos para menores de 40 años al momento de jubilarse. Estas dos últimas medidas fueron derogadas rápidamente por el Congreso y el Ejecutivo, tras la presión ciudadana.
El Consejo Fiscal ha advertido en reiteradas ocasiones que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) subestimó el costo real de la reforma, lo que podría generar desequilibrios fiscales. Sin embargo, durante los meses en que se elaboraba el reglamento, representantes de las AFP se reunieron con funcionarios de la cartera, lo que alimenta las sospechas de injerencia política y captura regulatoria en perjuicio de los trabajadores. Actualmente, se han presentado al menos 13 proyectos de ley que buscan derogar total o parcialmente la reforma.
Mientras tanto, otros países de la región avanzan hacia modelos más inclusivos. En Chile, donde nació el sistema de AFP, se dispuso que los empleadores también aporten, rompiendo con la lógica peruana en la que la carga recae casi exclusivamente en el trabajador. En Colombia, la reforma aprobada en 2024 plantea un sistema de cuatro pilares (solidario, semi contributivo, contributivo y voluntario) que garantizará pensiones básicas a adultos mayores sin cobertura. En México, la reforma de 2021 redujo el requisito de semanas de cotización de 1.250 a menos, instauró la pensión escalonada y elevó los aportes del 6,5% al 15% del salario, con financiamiento compartido entre empleadores, trabajadores y el Estado.
En el Perú, en cambio, las modificaciones normativas han profundizado la percepción de que el sistema está diseñado para garantizar la rentabilidad empresarial antes que la seguridad previsional de los aportantes. Las calles ya han dado la señal de descontento, y el debate político sobre el futuro del sistema de pensiones continúa abierto. Fuente: ojopúblico