La minería ilegal rompe récord
En San Martín se han reportado estas actividades ilegales en los distritos de Santa Lucía, Huimbayoc y Chipurana, en la cuenca del río Huallaga.
Según estimaciones del IPE. Esa cifra resulta 41% mayor que en el 2023, más de cinco veces el crecimiento que el BCR espera para el total de exportaciones del 2024 (8%). Junto con Pataz, Madre de Dios se mantiene como uno de los principales centros de producción de oro ilegal. Así, según datos de Osinergmin, en los últimos cinco años su consumo de combustibles (insumo clave para la actividad minera en zonas de selva) se incrementó en 40%, más de 10 veces el promedio nacional (3.8%). Este resultado viene impulsado por el mayor precio del oro, que creció casi 70% en ese período y se ubica en niveles históricos cercanos a US$2,500 por onza.
Lo que es grave, ese consumo de combustible en la Amazonía está exento del pago de IGV e ISC, una exoneración que ha costado al Estado más de S/8 mil millones desde el 2008, en términos reales.
Adicionalmente, dentro de esta región, la actividad minera se concentra en el sur de la provincia del Manu. Usando datos de Meta (Facebook), a partir de imágenes satelitales y datos de conectividad a dispositivos móviles y acceso a Internet, se detectan zonas de alta riqueza relativa, ubicadas en áreas de minería ilegal, e igual de ricas que la capital de la región.
Los estragos de la minería ilegal abarcan varias dimensiones. Entre el 2015 y el 2021, el porcentaje de la población de 15 años a más, víctimas de delitos con armas de fuego en Madre de Dios, se multiplicó por cinco, de 7.5% a 38.6%, casi cuatro veces el promedio en el resto del Perú (10.9%). Además, entre el 2021 y el 2024, la deforestación por minería ilegal alcanzó casi 31 mil hectáreas, según estimados del Proyecto de Monitoreo del Amazonas Andino (MAAP).
Recomendaciones de política
Un reciente estudio del IPE propone una estrategia integral de combate a la minería ilegal. Entre las principales recomendaciones, destaca la necesidad de acciones de interdicción e inteligencia permanentes complementadas con alternativas de desarrollo económico, lo cual requiere mayores recursos fiscales.
Sin embargo, entre el 2019 y el 2024, el presupuesto público asignado al programa de Reducción de Minería Ilegal disminuyó en 37%, en términos reales, y representa 0.5% del presupuesto destinado a orden público y seguridad.
También se recomienda contar con políticas de formalización con plazos estrictos y acompañamientos efectivos, sin excepciones a la regla. Sin embargo, el plazo establecido por el Reinfo se ha ampliado hasta en cuatro ocasiones desde el 2017 y el 76% de los 84,470 registros en el Reinfo se encuentra suspendido. Dado que este sistema exime de responsabilidad penal a quienes están en proceso de formalización, este registro ha permitido que los mineros ilegales operen bajo una falsa legalidad.
Es necesario cerrar el Reinfo y, en su lugar, implementar una política integral de combate a la minería ilegal, con un régimen que promueva la formalización, sin ampliaciones ni eximiendo de responsabilidades penales a los involucrados. Un enfoque firme y coordinado requiere un liderazgo conjunto del Ejecutivo y el Congreso, que la ciudadanía no debe dejar de demandar.
Minería ilegal en San Martín: se ha reportado en los distritos de Santa Lucía, Huimbayoc y Chipurana, en la cuenca del río Huallaga
Ha transcurrido un año y no se ha dado cuenta de ningún operativo en la región
El Ministerio Público y la Dirección Regional de Energía y Minas han realizado acciones para combatir la minería ilegal, como:
En agosto de 2023, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Mariscal Cáceres lideró un operativo que resultó en la detención de tres personas y la destrucción de maquinaria e insumos.
La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Mariscal Cáceres lideró un operativo el año pasado contra la minería ilegal que resultó con la detención de tres personas, tampoco se conoce las sanciones interpuestas por la Fiscalía Ambiental, en aquella oportunidad se informó de la interdicción y destrucción de maquinarias e insumos utilizados en esta ilícita actividad.
La diligencia fiscal -que contó con la participación de la Dirección Regional de Energía y Minas, la Policía y el Área de Conservación Regional Bosques de Shunté y Mishollo- fue realizada en el sector Mulatambo, distrito de Shunté, San Martín, en donde se constataron las prácticas de actividades de minería ilegal.
En el lugar de la intervención, se verificó la existencia de un socavón ubicado en un área de 300 m2, en donde se encontró material minero en sacos, así como maquinaria y otros insumos, utilizados por tres personas contratadas por un tercero aún en proceso de identificación.
Se trata de Alberto Tuanama Tapullima, Pedro Mudarra Tamaya y Jhonatan Cortez Ávila, quienes fueron intervenidos mientras realizaban mantenimiento al socavón y extraían material minero desde su interior, con la finalidad de ampliarlo. La nota informativa de la fiscalía daba cuenta que los detenidos seguirán la investigación en comparecencia por el presunto delito de minería ilegal.
En abril del presente año en visita a San Martín el ex ministro del interior anunció
Mininter reforzará lucha contra tala y minería ilegal en región San Martín
El ex ministro Walter Ortiz destacó importancia de instalar mesas técnicas contra estos flagelos y reafirmó compromiso de su sector con la seguridad ciudadana.
“Estamos comprometidos en la lucha contra la criminalidad para brindar a esta región la paz y tranquilidad que corresponde. Desde el Mininter estamos implementando medidas más duras contra la minería y tala ilegal que están siendo desbaratadas”, manifestó aquella vez el ex ministro sobre la minería y tala ilegal.
Desde aquel entonces desde el Ministerio del Interior y la PNP no se ha conocido de ninguna acción.
“La minería ilegal es la principal amenaza de lavado de activos».
“[Es un problema nacional] por la dimensión que tiene. Hacemos referencia a ciertas regiones amazónicas, pero este problema está en las 24 regiones de Perú, donde, además, se mueven enormes cantidades de dinero ilegal (…). Organismos internacionales, como Interpol, concluyen que hay una confluencia de ilícitos: narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal”, señala el especialista técnico Martín Arana Cardó, que ha sistematizado información de publicaciones oficiales, estudios académicos, noticias e informes de, al menos, los últimos cinco años.
Los mismos reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) han calificado a la minería ilegal como la principal amenaza de lavado de activos en Perú. La UIF estima que esta actividad ilegal moviliza en Perú alrededor de USD 3.721 millones, el monto más alto respecto a otros delitos, durante los tres años anteriores.
“Si queremos desarrollar una actividad minera responsable para la seguridad y la salud ambiental es fundamental tener una efectiva formalización y evitar que la reputación del Perú, en materia de oro, quede afectada, estamos hablando que de las 97 toneladas de oro que produce Perú al año, no menos del 30 % proviene de la ilegalidad, pero, además, el 50 % proviene de la Amazonía”, señala Mariano Castro, experto en derecho y gestión ambiental. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú
DATOS
La intervención de la minería ilegal afecta directamente en otras importantes actividades económicas como el ecoturismo; la agricultura, por la destrucción de los suelos; y las actividades forestales, por la intervención en zonas de reforestación.